Recortes, fatalismo y salida social y democrática

17 07 2012

España ha pasado de ser un país de “nuevos ricos”, deseoso de aparentar y ostentar, a ser un país de “nuevos pobres”, pobres que abandonan su “vida normal” y descienden los peldaños que los llevan a acompañar a los “pobres veteranos” y a descubrir en sus carnes que las diferencias son solo temporales y no biográficas. Y no es el desempleo solo el responsable de esta situación, porque los bajos salarios colocan  a 14 de cada 100 empleados en situación de pobreza, y son más quienes tienen que complementar su salario con la asistencia social y más todavía quienes se sostienen en la solidaridad familiar, una goma que se está estirando demasiado últimamente.

Así que, la pregunta que muchos nos hacíamos a finales de la semana pasada, tras el anuncio por entregas de Rajoy y su equipo de los recortes dolorosos del viernes 13, fue si había margen para aguantar. Porque respecto a si las medidas ya puestas en marcha permitirán salir de la crisis el consenso es unánime: Más del 76% de los españoles están convencidos que no. Nadie percibe ya en el horizonte “brotes verdes”, ni nadie está dispuesto a creer a quien los vea, ni cree que el rescate-línea de crédito a la banca será el principio del fin, ni los recortes en sanidad y educación ya adoptados, ni los nuevos, injustos e injustificables recortes en los salarios de los empleados públicos y, sobre todo, en las prestaciones por desempleo, ni la subida del IVA, nada. Estamos instalados no sólo en pesimismo, sino en el fatalismo, en la conciencia compartida y explícita de que, hagamos lo que hagamos, “no hay salida”.

Si el desánimo es compartido, la interpretación de la realidad se abre a un mar de dudas. La duda de si el gobierno sabe lo que está haciendo o improvisa en la convicción de que es mejor hacer algo, lo que sea, que no hacer nada; si el recorte en los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento general de las clases medias y bajas por una fiscalidad regresiva obedece a la nuda necesidad de recortar gastos y equilibrar la balanza fiscal o asistimos a un procedimiento deliberado (que coincidiría con el “programa oculto” del PP, en el que la crisis no sería la causa, sino la ocasión para los recortes) de desmantelamiento de los servicios públicos y del estado de bienestar y a un traslado de las rentas del trabajo a las rentas del capital; si los recortes y el sacrificio social exigido servirán para sanear la economía o solo para tapar los agujeros de la banca y de Bankia en particular; si la estrategia macroeconómica definida por Europa (sin entrar en saber quiénes son los agentes de eso que llamamos Europa y su legitimidad) obedecen solo a intereses de eso que llamamos sin más “mercados” y si estos intereses de los mercados coinciden con los intereses de los ciudadanos o no. Y así podríamos seguir.

Sin embargo, entre todo el paquete de medidas solo una ha parecido contentar a la opinión pública, incluso a esa opinión pública que protesta en la calle: el recorte del 30% de los concejales y de un 20% de las subvenciones a los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. “No sobran funcionarios, sobran políticos” rezaba en la pancarta de un funcionario indignado por su recorte salarial en las manifestaciones de la pasada semana. El descrédito de los políticos y el desapego de la política son crecientes, así como el descrédito de los banqueros, incluso, aunque pidan perdón siguiendo el ejemplo del rey, cuando deberíamos exigir responsabilidades políticas, económicas y penales. Sobre todo, porque estas medidas esconden una demagogia preocupante y peligrosa. Primero, porque en este momento en que el PP posee una mayoría tan aplastante en todas las administraciones, al PP le “sobra” no el 20% sino más de la financiación que recibe en función de sus resultados, por eso, está en condiciones de ser “generoso”, porque esa reducción afecta más a la oposición, a la que el recorte limitará las posibilidades reales de hacer oposición, con lo que esto significa de recorte democrático. Y, en segundo lugar,  porque solo 15 de cada 100 concejales tiene dedicación exclusiva o recibe alguna compensación económica por sus trabajo, así que difícilmente esta reducción significará un recorte en los gastos significativo (más bien será nulo) y, sin embargo, las consecuencias políticas y democráticas son devastadoras: se reduce no el número de políticos, sino el número de ciudadanos que toma decisiones políticas haciendo real la definición de democracia como “gobierno del pueblo”, pero sobre todo limitará  la representación política de la pluralidad social. Es decir, con estas medidas se asesta un golpe antidemocrático al pluralismo político.

Y, en realidad, sí que sobran políticos. Baste comparar la actitud de Andrea Fabra y de Gaspar Llamazares ante el anuncio de los recortes para entenderlo. Políticos como Andrea Fabra sobran, no el 30%, sino el 100%, pero de políticos como Llamazares necesitamos un 3000%.

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