Sobre el aborto, la ética, el estado y la conciencia

30 07 2012

El anuncio del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de revisar la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo para llevarla a lo que él llamaba el “consenso constitucional”, es decir, a la sentencia del Tribunal Constitucional que veía perfectamente acorde con la Constitución de 1978, la despenalización del aborto en tres supuestos, ya nos avisó de por dónde iban a ir los tiros: Se trataba de modificar la actual ley de plazos para retrotraernos a una ley de supuestos. El asunto no es baladí, como no lo es llamar consenso a una sentencia del TC y no a un gran acuerdo político y social, porque una ley de plazos, que regula los tiempos y procedimientos, deja de considerar delito el aborto voluntario, mientras que una ley de supuestos, que establece las excepciones en que no conllevará sanción, simplemente despenaliza un delito en determinadas condiciones o supuestos.

Resulta difícil determinar sociológicamente si es un consenso constitucional o no haber dejado de considerar el aborto como delito, pero lo cierto es que nadie entendería que una mujer cumpliese algún tipo de condena por abortar. Lo que ya es mucho. Pero, sobre todo, la modificación de la ley por una ley de plazos resolvía un problema real de inseguridad jurídica para las propias mujeres, ya que la anterior ley había sido desbordada por la propia realidad al acoger la mayoría de los abortos realizados bajo el supuesto de hacer peligrar la salud física o psíquica de la madre, lo que en la práctica era una ley de plazos, sin amparo legal.

Por tanto, restaba sin más al estado poner los recursos suficientes para garantizar la aplicación de la ley en condiciones de igualdad para todas las mujeres independientemente de la Comunidad Autónoma de residencia. Y nada más.

Así que, podríamos decir que Gallardón ha puesto sobre la mesa un problema que no existía y, lo que es más grave, vuelve a introducir la duda “ética”, según él, sobre el supuesto, ya reconocido y aceptado por el consenso constitucional del TC, de la existencia de malformaciones en el feto y a exigir el sufrimiento a los demás. No voy a detenerme en la clara ceguera ideológica por motivos religiosos de este ministro, porque hay voces más autorizadas que yo. Por ejemplo, la del neurocirujano Javier Esparza en Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento o la propia experiencia de Gloria Muñoz en Si me quedase embarazada de otro bebé tan enfermo iría a abortar fuera, que no es la única. Simplemente quisiera distinguir brevemente razones morales de razones éticas en el tema del aborto y de la función del estado. Es claro que existen razones morales, es decir, razones basadas en códigos morales ligados en su mayoría a creencias religiosas y socialmente vigentes, para no aceptar el aborto en ningún supuesto. Y son merecedoras de todo respeto. Como son merecedoras de ese mismo respeto las razones también igualmente morales, salvo que creamos que sólo una parte tiene razones morales, para aceptar el aborto. El dilema carece de solución moral.  Necesitamos recurrir a la ética, a la reflexión sobre normas y principios morales, y, puesto hay razones suficientemente fundadas en las dos posiciones, no queda otra que dejarlo en manos de la conciencia moral de cada uno, lo que no significa relativismo moral, sino aceptación de la realidad incuestionable del pluralismo moral y el reconocimiento como principio ético democrático inviolable la libertad no solo religiosa sino también moral de los ciudadanos y el respeto a las convicciones morales de cada individuo.

Por eso, una ley de plazos es la única respetuosa éticamente con las distintas morales vigentes, la única que permite a cada ciudadano actuar conforme a sus normas y convicciones morales (la de no abortar y la de abortar) sin obligar a los demás por ley a cumplir normas morales que no comparten y, como en el caso que nos ocupa, sin exigir a nadie sufrimientos que en la mayoría de los casos se desconocen o no se está autorizado a obligar. Ni la ley ni el estado deben establecer ni inmiscuirse las normas de la moral privada de los ciudadanos.

Así, este asunto permite también esclarecer de manera manifiesta la ideológica concepción del estado, incluso del estado democrático, del pensamiento neoconservador: No se trata sólo de adelgazar el estado, como nos hacen creer repetidas veces, sino de utilizarlo exclusivamente para sus intereses: Reducirlo allí donde actúa como redistribuidor de la riqueza, garante de servicios básicos y protector contra la adversidad y hacerlo un verdadero leviatán en la defensa de la propiedad y la riqueza y no dudar llevarlo por ley hasta lo más recóndito del ámbito de la conciencia moral para obligarla a actuar como mandan Dios y la Santa Madre Iglesia.


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