Integrismo, cortinas de humo y falta de responsabilidad

7 02 2012

En estas semanas hemos asistido al anuncio sucesivo por parte de cada uno de los titulares de distintos ministerios de una cascada de reformas con un signo ideológico claramente conservador, de forma que, si se llevan a cabo, constituirán una verdadera contrarreforma que recortará derechos y libertades públicas que parecían ya consolidados. Desde la modificación de la ley del aborto, que volverá a basarse en supuestos y no en plazos, lo que significa volver a culpabilizar a mujeres y sanitarios, la supresión de la Educación para la Ciudadanía, el cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el agravamiento de las penas, el replanteamiento de la píldora del día después, los cambios en la ley de costas, la prórroga de la vida de las centrales nucleares, etc. todo parece indicar que el PP tiene mucha prisa por dejar enseguida su sello más conservador y contentar a sus bases más integristas y reaccionarias. El moderado Rajoy y el centrista Gallardón se han quitado sus caretas y han emprendido un giro decidido hacia la derecha.
Dicen, sin embargo, que no hacen otra cosa que seguir su programa y se creen legitimados para ello, pero esas afirmaciones resultan muy discutibles: En el contexto general de crisis que vivimos y con los problemas tan graves a los que nos enfrentamos, han elegido primero la senda más ideológica y partidista, han olvidado que muchas de las medidas que han adoptado requieren un consenso más amplio que la mera mayoría parlamentaria y, sobre todo, han optado por gobernar no para todos, sino para su electorado más conservador. Y estas medidas han servido, no sé si deliberadamente o no, como cortina de humo para distraer a la opinión pública de los desastrosos datos del paro de este mes de enero, que ha subido en 177.470 personas hasta llegar a los 4.498.000 parados y eso sí que es un asunto de interés nacional y en lo que primero se habían comprometido.
Pero, si el asunto es especialmente grave en el campo de la justicia, es el en campo de la educación donde las medidas que se han anunciado resultan más reveladoras. Es especialmente grave que, después de bloquear un pacto educativo y, en consecuencia, de acabar con las expectativas de generar el mayor consenso posible en la educación, que es una de las exigencias sociales más demandadas, el flamante Ministro de Educación, José Ignacio Wert lo primero que anuncie, como si se tratase del principal problema educativo de este país, es la supresión de la materia Educación para la Ciudadanía. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, dijo textualmente “Proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”, pero no pudo exponer cuáles eran esas cuestiones controvertidas, ni dónde se había producido adoctrinamiento.
Y la verdad es que la controversia que ha generado esta materia no se ha producido tanto porque aborde cuestiones comprometidas, sino porque determinados derechos, formas de vida y/o orientación sexual perfectamente constitucionales y acordes con los derechos humanos legalmente reconocidos son contrarios a determinados credos religiosos o ideológicos para los que los padres sí parecen tener derecho a adoctrinamiento. Y, por otra parte y el ministro parece lamentablemente olvidarlo, la controversia y la disputa son el ámbito de la verdadera educación, la que busca formar el juicio sin ocultarle las dificultades, y no ocultar el debate y la disputa para que el dogma no peligre. Así que, no es tanto una imposición totalitaria por el estado de una determinada ideología, como de la negativa privada a aceptar valores democráticos y confundir la libertad religiosa con el derecho a adoctrinar privadamente.  Por eso, la defensa de la Educación para la ciudadanía siempre ha sido la defensa de la ciudadanía, de la democracia y de los derechos humanos frente al integrismo religioso que, no por ser cristiano, es menos peligroso y contrario a la democracia que el islamista. Lamento que el Ministro se haya alineado y dé alas a estos sectores tan reaccionar.
Pero incluso fue más allá y, para apoyar su posición posteriormente utilizó y leyó públicamente como ejemplos de ese supuesto adoctrinamiento, dos párrafos de un libro que no es ningún manual de esa materia y que, por supuesto, nunca ha sido empleado en su enseñanza. Y el ministro debería saberlo, porque esos mismos ejemplos han sido utilizados hasta la saciedad por los detractores de esta materia y ya la propia editorial lo había explicado convenientemente, o mentía deliberadamente. La disyuntiva sitúa al Ministro en una posición muy incómoda, tanto, que sólo es posible un desmentido público o su dimisión. Pero nada de esto ha ocurrido. En España sigue siendo muy difícil que un político asuma sus responsabilidades.

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