Contra el cambio de modelo social, huelga general

13 11 2012

Si este gobierno del PP hubiese cumplido las promesas de su programa electoral, el desempleo estaría ahora por debajo del 15%, la prima de riesgo por debajo de los 150 puntos básicos y el IBEX por encima de los 8500 puntos,  y no habría razones para una huelga general, pero la situación es bien distinta.

Si este gobierno no hubiese pactado con el anterior modificar la constitución para convertir el pago de la deuda en prioridad nacional, si no hubiese mentido con los presupuestos con cifras provisionales hasta esperar desenlaces electorales, si los recortes antisociales que está perpetrando y que están conduciendo a la pobreza, a la desesperación y a la muerte a los ciudadanos vislumbrasen algún resquicio de salida y no más hundimiento, tampoco habría razones para una huelga general, pero la situación desgraciadamente no es ésa.

Y nadie puede llevarse a engaño, los recortes no son temporales y transitorios, son definitivos, vienen para quedarse con nosotros para siempre y dibujar un modelo social diferente del que aceptamos y queríamos. Porque la crisis está sirviendo como excusa para imponer sin legitimidad, legitimación ni explicaciones un cambio de modelo.

Y esto resulta patente con la reforma laboral, que ha significado más precariedad, más ERES, menos salarios y más desempleo. Pero también se han modificado las prestaciones por desempleo, que ven reducida su cantidad y su duración, y la remuneración por las bajas. Los “culpables” del desempleo (los empleados con derechos, los desempleados con prestación y los trabajadores con baja laboral por enfermedad) son castigados, sin que el desempleo se reduzca. Lo que en realidad se ha cambiado es el modelo de relaciones laborales que otorgaba mayor justicia y equilibrio entre las partes y que había propiciado la concertación laboral, por un modelo injusto y desequilibrado, donde los empleadores son dueños y señores de sus empleados. Con una tasa de desempleo de más del 25% y creciendo hasta el 26 o 27% y un desempleo juvenil por encima del 50%, con una precarización creciente y más economía sumergida, el empobrecimiento de los trabajadores los está llevando a situaciones límite que se traducen en más de 523 desahucios diarios y varias vidas.

Y también se ha cambiado el modelo sanitario: Ya hemos dejado atrás el modelo de cobertura universal, para garantizar la cobertura sanitaria solo a los asegurados, con lo que quedan fuera del sistema inmigrantes, mayores de 26 años, etc., se penaliza a los enfermos con un repago farmacéutico, se cierran plantas, servicios de urgencias y coberturas sanitarias, lo que ya está provocando las primeras víctimas. Y todo para convertir la sanidad en un negocio privado.

Y en la educación el cambio de modelo también es palpable. Se pretende romper con el modelo comprensivo que favorece la inclusión social para conformar un modelo selectivo, excluyente, dual (privado, pero subvencionado con fondos públicos, para quienes más pueden, y público, para quienes menos puedan) y segregado por sexos.

Porque lo que pasó a llamarse el cuarto pilar del estado de bienestar, la ley de dependencia, está aplazada sine die para nuevas incorporaciones, se han practicado recortes en todas las prestaciones y está derogada de facto. El modelo de estado social que protege los derechos sociales y a los ciudadanos más desfavorecidos está declarado cesante. Cuanto menos estado mejor, hasta que consigamos extirpar de raíz de los ciudadanos la idea de que tienen derechos y que las instituciones públicas tienen el deber otorgado por todos de defenderlos y defendernos.

Frente a este cambio de modelo social y este tipo de políticas de recorte y ajuste duro no basta la actividad política institucional, porque los dos partidos mayoritarios han devaluado el parlamento como depositario de la soberanía popular, para realizar “encuentros y acuerdos” extraparlamentarios, como lo fue el de la reforma de la constitución y pretende hacerse ahora con una ley hipotecaria ya ensangrentada, hurtando a los ciudadanos del debate parlamentario mínimo exigido en democracia. Una mayoría de ciudadanos indignados siente que las dos fuerzas políticas mayoritarias en el parlamento no les representan. Se han agotado el tiempo y la paciencia, es necesaria la movilización social, política y ciudadana que significa una huelga general: Hay que plantarse, no ir a trabajar, no ir clase, no consumir, no usar los servicios públicos, participar en los piquetes informativos y acudir a las manifestaciones convocadas el día 14 de noviembre para exigir un cambio en esta política económica que está empobreciendo a la mayoría de la población y devuelva la legitimidad democrática y el respaldo social que posee el modelo social que ahora pretenden destruir.

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