Diputaciones, ¿solución o problema?

27 08 2013

La aprobación de remisión a las Cortes por el último Consejo de Ministros del 26 de Julio del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que es como al final se llama este proyecto de reforma de las administraciones locales, constituye una pieza más, pero esta de una gran importancia, del proceso de recortes en el sistema democrático y de vaciamiento de las garantías constitucionales reconocidas desde el 78, es decir, lo que hemos venido llamando “proceso deconstituyente” puesto en marcha por el PP al amparo de la crisis y otros escándalos y que dibuja con claridad, no el programa oculto, sino el verdadero programa electoral del partido en el gobierno.

En el diagnóstico de la situación ya se ha dado por sentado que la administración local que ahora tenemos es irracional e insostenible, y la “opinión publicada” ya ha sancionado que tenemos “demasiados” ayuntamientos y que la despoblación y envejecimiento del mundo rural es imparable (y más en Castilla y León). Con esos mimbres pretende hacerse esta cesta. En modo alguno, entran en consideración, que el modelo de concentración de población en los entornos urbanos al que se tiende es el que es verdaderamente insostenible; que los ciudadanos tienen la libertad para elegir dónde quieren vivir (o dónde pueden) y que el compromiso del estado, es decir, de la administración pública, es garantizarles los mismos derechos y el acceso garantizado a unos servicios públicos de calidad.

Pero en este nuevo contradiccionario de la crisis, “racionalización” no es ya la imposición a una realidad social mostrenca, ruda y violenta de principios, normas y criterios racionales, sino y depuración y adelgazamiento de esos mismos principios racionales y democráticos, y “sostenibilidad”, ya hemos entendido que no es mantenimiento, sino reducción a mero testimonio. Así que, aciertan de pleno si creen que el único criterio que inspira este proyecto de ley de reforma de las administraciones locales es recortar gastos y que no van a encontrar en él nada que refuerce la democracia local, es decir, más democracia, y nada que garantice a los ciudadanos, vivan donde vivan, los derechos y los servicios mínimos que permitan una vida digna y en libertad.

Y podríamos aceptarlo si no hubiera otra, pero la hay. Y racionalización no es aceptar sin más la primera idea que se nos ocurra; ni gobernar democráticamente es solo asegurarse el mantenimiento del poder. De ahí que sea tan importante en democracia el empoderamiento ciudadano en las administraciones locales y la construcción social de propuestas de ordenación política y administrativa del territorio más elaboradas y que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Por eso, resulta verdaderamente sorprendente (o no, depende de cómo entendamos la democracia, como hemos venido hablando) el mantenimiento y fortalecimiento en esta reforma de las diputaciones provinciales. Porque constituye un golpe de estado contra el poder democrático de los municipios. Recordemos que los diputados provinciales no se eligen de forma directa, sino indirecta por los propios partidos. Lo que implica ya, no solo una pérdida de poder de los ciudadanos, sino también, en muchos casos, la apertura de un lamentable escenario de lucha tribal entre facciones y “personalidades” del mismo partido para ocupar el puesto prometido, que suele saldarse con “pago de favores” o “recompensa a servicios prestados”. Y porque el procedimiento establecido de cesión de servicios a las diputaciones, si no pueden prestarse por los pequeños municipios, condena a estos a vaciarse de contenido y, lo que es más grave, priva a los ciudadanos de ejercer el control directo y la sanción democrática sobre quienes de hecho les gobiernan, aunque no los hayan elegido.

Pero es que, además, las diputaciones provinciales se han ido consolidando como núcleos de poder no democráticos, caciquiles y clientelares. No es solo Baltar o Fabra. Cuando se analizan las partidas de gastos destinadas a los municipios, el signo político de la diputación y del municipio son lo determinante, no las necesidades de los vecinos. Y esto que resulta escandaloso, no es que ya no escandalice a nadie, es que además se propone como modelo.

Por no hablar de la ineficacia, del porcentaje del dinero que llega a su destino, frente a que se “pierde” en la gestión, cuestión esta en el que las diputaciones se llevan la palma.

Así que, este verano los vecinos de Guadapero en Salamanca, cansados de reclamar a la diputación el arreglo de la carretera, tuvieron que ponerse ellos mismos manos a la obra. No era una cuestión festiva ni una iniciativa vecinal encomiable, era el cansancio y la desesperación.

Y esa es la solución que ahora nos ofrecen: Todo el poder para las diputaciones. Pues, estamos apañados.  Espero que pronto no nos veamos obligados a repetir “¿Quién mató a la Diputación? Guadapero, Señor”.

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