La siesta se acaba

10 12 2013

Hemos celebrado una vez más este puente bipolar de la constitución y la inmaculada, un puente imposible, que descuadra horarios, calendarios de exámenes y planificaciones, pero, sobre todo, que consagra esa unión imposible de las dos españas. La “coincidencia” —decimos, cuando sabemos que nada es simple coincidencia— quiso que se unieran en diciembre dos fiestas: el 6, la fecha en que se aprobó la constitución de 1978, y el 8, festividad de la inmaculada concepción. Esa circunstancia, que ha generado más de un problema en el calendario laboral, se prestaba a que fuera una vez más motivo de contienda: Quienes anteponían la festividad religiosa (y recelaban más o menos de la constitución, o ni eso) no dudaban en solicitar que se volviese a considerar, en caso de conflicto, el 6 de diciembre como lectivo. De forma que, más que por anticlericalismo (actitud que incluso el exceso constituye virtud) que por convicción, la otra españa terminó por aceptar el día de la constitución como “fiesta nacional”, sin alharacas, como mal menor, siempre y cuando se sepultase definitivamente el “día de la hispanidad” como fiesta nacional, fiesta a quienes muchos no dudan en llamar por su nombre verdadero como “día de la raza”. Ahí es nada.

Y así tuvo el día de la constitución algunos años buenos, sin conseguir desdoro para la inmaculada. Hasta llegó a simbolizar la quintaesencia de ese cuento que, de tan repetido, llegó a imponerse como verdadero de aquella época de oro de la transición donde reinaba el consenso entre los grandes próceres de la patria (ellos sí que eran grandes), y en alguna ocasión llegué a oír incluso que se ataban los perros con longanizas. Claro, que como todo era en blanco y negro, la caspa podría hacerse pasar por nieve, y todavía la nostalgia no había hecho germinar el fascismo latente de los de siempre. Incluso llegó a transformarse de “símbolo de consenso” a “martillo contra herejes” (si es que alguna vez fueron cosas distintas).

Y en esas estamos. Lo peor es que tengo que darle la razón a Felipe González cuando dice que quienes más defienden ahora la constitución son los mismos o los herederos de quienes no la quisieron ni la votaron.

Pero lo cierto es que cada vez son más las voces que piden un nuevo contrato social en España. Y las razones son muchas y variadas. Antón Costas desglosaba algunas en ese artículo reciente que citamos: especialmente, el problema territorial generado por Cataluña, pero también por la necesidad de un nuevo equilibrio fiscal entre los territorios, un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales y una nueva reforma fiscal. El PSOE quiere dar cabida a una organización federal para resolver los problemas territoriales y de financiación.  Y hay también quienes hablan de “resolver definitivamente” el encaje de la sucesión monárquica en un sistema democrático (léase acabar con prevalencia masculina a la sucesión, que no acabar con la monarquía como institución, que también tiene difícil encaje en una sociedad que se dice democrática, más allá de lo escandaloso que resulta la conducta de sus miembros).

Pero la esfinge Rajoy se mantiene firme. Y lo ha vuelto a repetir otra vez por estas fechas: Cualquier reforma constitucional debería hacerse con el mismo consenso que el que logró la del 78. Que parece sonar muy bonito, pero que simple y llanamente constituye un bloqueo a cualquier pretensión de cambio. Tanto inmovilismo no se había vuelto a ver desde la transición por los defensores de las leyes fundamentales del movimiento. Y, desde luego, no creo que aquellas cortes expresaran más consenso por el cambio que el exigido ahora por Rajoy.

Resulta desolador que nuestros políticos no lleguen a detectar que la profunda ruptura del consenso constitucional está en la liquidación sin precedentes de los derechos que creíamos amparados en ella, en la degradación y alejamiento de las instituciones de la soberanía popular y la corrupción ya endémica y generalizada mientras nuestros políticos miran para otro lado. Esta situación es la que resulta ya insostenible: El CGPJ, el TC, el Congreso y, especialmente, el Senado, las CCAA, las Diputaciones y Ayuntamientos ya no se sostienen (de ahí la necesidad de protegerlos con la nueva ley mordaza). ¿Cómo es posible si no aceptar como “normalidad política”, por ejemplo, que los puntos ordinarios del último pleno del Ayuntamiento de Salamanca duren escasamente 5 minutos?

Ciertamente, como mantiene Soledad Gallego-Díaz, no todos los problemas son imputables a la constitución, especialmente el deterioro de las instituciones. Pero un nuevo proceso constituyente que alcanzase un nuevo contrato ayudaría bastante a resolverlas.

Hoy, como entonces, es tiempo de vivir y de soñar y de creer que la siesta se acaba y que una lluvia fértil e intensa limpiará nuevamente nuestra casa.

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One response

11 12 2013
nando

Afirmar que cuestiones como un nuevo modelo productivo y de relaciones laborales y una nueva reforma fiscal deben ser abordados por una reforma constitucional es decir mucho no?

No digo que no sea reformable, pero tenemos un largo historial de bandazos constitucionales, ¿no han pasado ni 4 decadas y ya hay que reescribir?, ¿queremos ir a algo parecido a lo que sucede con las leyes educativas?

El problema no es de instituciones, ni constitución, ni sistemas. El problema es de personas, y con gente como Mariano que en el recuerdo a Mandela solo tiene memoria para la final del mundial, con gente asi da igual el marco legal, siempre quedaran mal en la foto

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