¿Por qué no quiere usted pudrirse?

8 04 2014

Pocas veces es motivo de análisis y crítica la difícil relación entre administración y administrados, gobernantes y gobernados. Así, hemos desembocado en la democracia sin haber hecho un ejercicio consciente y deliberado de formar a jóvenes y no tan jóvenes en el ejercicio y las exigencias de la ciudadanía democrática, mención aparte merece, por lo transitorio e insuficiente, el proyecto que supuso la Educación para la Ciudadanía; de ahí que pervivan entre nosotros tics autoritarios que condicionan y lastran gravemente el ejercicio de las libertades.

¿Cómo debería ser esta relación? ¿Cómo debería entenderse en una democracia avanzada el ejercicio del poder? Y ¿cómo deberíamos entender a los cargos públicos? Resulta claro que en democracia, más que en ningún otro sistema, el ejercicio del poder no puede entenderse más que como voluntad de servicio, porque quienes ejercen el poder no son realmente sus depositarios, sino “delegados transitorios”, unos “mandaos”, que diríamos popularmente, que solo pueden ejercer el poder como servicio público, es decir, como “tarea encomendada, provisional, transitoria y finalista” de aquellos en quienes reside todo el poder, que son los ciudadanos. Que el poder y la soberanía residan en el pueblo significa justamente eso y que los gobernantes no lo poseen sino por delegación y que la legitimidad de su ejercicio está en la ciudadanía. Pero rara vez esto se entiende así. El pueblo soberano concede en las elecciones más de lo que legítimamente debería, porque confía en un partido o en su líder para que sean ellos quienes resuelvan sus problemas. Y, quienes así logran el poder, ya se sabe, se creen legitimados a tomar cualquier decisión con tal de que puedan venderla como la solución a los problemas ciudadanos, incluso aunque tengan que inventarse los problemas.

Lo cierto es que perviven recubiertos de una fina capa de barniz prácticas clientelares muy arraigadas y quienes ejercen el poder, los poderosos, se creen legitimados a mantener y ostentar el poder, incluso aceptando las elecciones como mal menor o como trámite engorroso, pero necesario. Y así nos va.

El poder no se ejerce de acuerdo con su fundamento democrático que Rousseau llamaba la “voluntad general”. De hecho, en el Ayuntamiento de Salamanca hemos visto recientemente como la “voluntad general” y la defensa de lo público estaba en un parte y no en quienes desempeñaban los cargos públicos. Eso resulta claro y sancionado judicialmente en el caso de los contratos de El Corte Inglés o Vialia, donde la defensa de los intereses públicos tuvo que ejercerse por vía judicial contra quienes deberían haberlo protegido. Y lo mismo ocurre ahora con las reivindicaciones de los vecinos de Buenos Aires, los de Comuneros y los de Brincones. Solo que aquí la defensa de la convivencia pacífica, los espacios verdes o la salud, por simplificar sus reclamaciones, rayan o se sitúan por debajo de lo tolerable. Se trata de hacer posible la vida (y cuando decimos vida estamos siempre hablando de vida humana, es decir, de una vida digna) o de no hacerla posible.

Y, ante estas elementales exigencias, el Ayuntamiento y el resto de las autoridades competentes se han declarado incompetentes. En Buenos Aires, se ha decidido, tras una reunión agónica en que se emplazaba a proponer medidas, a formar una mesa de convivencia para estudiar el asunto. Un pobre avance para tan graves problemas. Y lo mismo, o parecido, ha ocurrido en Comuneros. Se creará una comisión negociadora que se reunirá para tratar de llegar a un acuerdo, un acuerdo que se augura difícil donde las partes ya han fijado sus posiciones. Pero más grave resulta la espantada del Presidente de la Diputación a los vecinos de Brincones y representantes de FEVESA que pretendían acudir al pleno. Simplemente, les dio con la puerta en las narices, impidiéndoles la entrada a una sala que ya se había encargado previamente de llenar. Unas formas de afrontar los problemas y “dar la cara” cuanto menos sorprendente.

Sin embargo, el abandono a su suerte de Buenos Aires, reducir los días y posibilidades de consulta médica o cargarse uno de los pocos parques del centro de Salamanca para hacer un aparcamiento subterráneo condena a los ciudadanos a vivir muy por debajo de exigible como digno en una sociedad democrática que se funda en la justicia. Que las autoridades se sorprendan y critiquen sus reclamaciones expresa hasta qué punto no entienden que los vecinos y los ciudadanos no consientan ya que el abuso y el deterioro progresivo les condene a pudrirse lentamente.

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