Lo peor es que es legal

18 11 2014

Tenga el recorrido que tenga el asunto de los viajes privado-publicados de Monago, no parece que el caso le haya quitado mucho el sueño. Puede, como está haciendo, abrir una sombra de duda sobre su justificación y con eso le sobrará para mantenerse cuando no afianzarse en el cargo. Y tiene razón. Quizá quien mejor lo haya dicho sea su compañero de partido y de correrías en canarias, Carlos Muñoz, diputado por Teruel: No piensa devolver el dinero por hacer algo que ni estaba prohibido ni era ilegal. Y vuelve a tener razón. Porque, no podemos confundir la moralidad y la legalidad y, para nuestra desgracia, en este caso y en los que siguen, lo peor es que es legal.

Que los diputados y senadores dispongan de crédito para viajar sin necesidad de justificarlo no obedece al criterio de libertad y discreción en el ejercicio de su cargo, como mantenía el presidente del Congreso de los Diputados, de forma que el control signifique recorte de las libertades políticas. No. El problema reside en que el reglamento que lo permite hace recaer su uso en el honor y la honradez de los representantes electos. Algo así, como si hubiese pervivido una “moral de caballeros”, con un código moral estricto que hiciese innecesario un control legal. Pero, visto lo visto, es una concesión claramente equivocada. Y, por eso, conviene someterlo a estrictos controles legales que garanticen su transparencia, porque los principios morales de algunos de nuestros representantes brillan por su ausencia y relucen más cuanto más continúen haciendo ese tipo de declaraciones.

Una mujer mira hacia arriba para ver la cara El banquero alto. Uno de los signos más claros de la creciente desigualdad social.

Una mujer mira hacia arriba para ver la cara El banquero alto. Uno de los signos más claros de la creciente desigualdad social.

Lo mismo, pero más sangrante, hemos descubierto ahora que ocurre en este país amigo que es Luxemburgo. Hay indicios más que justificados de que la fiscalidad luxemburguesa firmó acuerdos secretos con grandes corporaciones para concederles beneficios fiscales muy sustanciosos a cambio de tributar en el país. Así, algunas grandes corporaciones que deberían haber pagado un 30% por el impuesto de sociedades en los países donde desarrollaban su actividad económica, al final solo han pagado en el peor de los casos un 1%. Para Luxemburgo, las cuentas salen bien: Más vale un 1% de mucho que un 30% que nada. Pero a quienes no les salen las cuentas son al resto de los países que han dejado de percibir la tributación correspondiente a esas empresas.

Y, nuevamente, el problema no es que estas prácticas estén mal porque no puedan estar al alcance de las pequeñas empresas o particulares. ¡Que hay que leer cada cosa! Ni tampoco que los pactos se firmasen con Jean-Claude Juncker, el actual presidente de la Comisión Europea, y haya por ello pedirle responsabilidades. El problema está en que las grandes empresas no han pagado los impuestos que les correspondían en los países donde realizaban sus negocios, y estos se han quedado sin los ingresos públicos necesarios y, en consecuencia, los servicios que deberían haberse prestado no se han prestado. Aparte de fraude y estafa, estos acuerdos tan beneficiosos para esas corporaciones son responsables directos del sufrimiento irreparable que los recortes de gastos y las políticas de ajuste han causado. Pero todo es perfectamente legal.

Como es y sigue siendo perfectamente legal, no ya que las empresas, sino las grandes fortunas cambien su residencia para obtener beneficios fiscales como extranjeros. Nos enteramos por Gerard Depardieu, cuando cambió su residencia a Néchin, una pequeña localidad belga que acoge ella sola nada más y nada menos que al 27% de las grandes fortunas francesas. Pero estas prácticas evasivas no son exclusivas de Bélgica con Francia, sino de todos los países de la UE que no tienen reparos en acoger a las grandes fortunas extranjeras aunque eviten con ello que tributen lo que les corresponde en su país. Un escándalo, un fraude fiscal criminal, pero lo peor es que es legal.

Así que, tenemos unas prácticas políticas inmorales y unas prácticas fiscales claramente fraudulentas, cuando no criminales que, aun así, gozan del respaldo legal los estados y de la complacencia y la inoperancia culpable de nuestros gobernantes. Esta legalidad es la que ha permitido y sigue permitiendo el empobrecimiento creciente de amplias capas de la población, mientras consiente que las grandes fortunas sigan creciendo eludiendo el pago de impuestos. No deja de ser una metáfora acertada la foto de “El banquero alto” que ilustraba la noticia en algunos medios. Si la talla equivaliese a la renta, la mayoría de los españoles no pasaría de 1,20 metros, pero Cristiano Ronaldo mediría más de un Km y Amancio Ortega más de 73 Km. Unas desigualdades legales, pero inaceptables, injustas, inmorales e insostenibles.

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