Con mis mejores deseos

29 12 2014

A quienes veníamos repitiendo hasta la saciedad que no hay salida posible de esta crisis con las medidas adoptadas hasta ahora cada vez vienen a darnos más la razón. Y con “salida de la crisis” entiendo, y creo que solo puede entenderse, “salida social”, es decir, una salida para la mayoría social que corrija los errores, garantice y asegure mejor sus derechos. Es más, parece que cada vez coge más fuerza la doctrina del shock que interpreta la crisis, no como una consecuencia indeseada de la especulación y la desregulación de los mercados financieros, sino justamente como el mecanismo que han empleado eso que se ha consagrado impersonalmente como “los mercados” para vencer las resistencias sociales y democráticas y conseguir imponer por el miedo o la fuerza sus objetivos e intereses. Por eso, no es que no se haya vuelto a hablar de “refundación del capitalismo” ni tratar de corregir los errores del pasado, sino que se ha forzado a los gobiernos a cambiar las leyes para dejarles franco el camino hasta la victoria final. La suya, claro, que no es la nuestra.

La “solución” estaba ante nosotros desde el principio. Se trata de transformar la crisis y el sufrimiento generado y generalizado en normalidad. Lo ha dicho bien a las claras nuestro presidente de gobierno recientemente y Soledad Gallego-Díaz lo glosaba en su última columna: “La crisis económica ha terminado, anuncia el Gobierno en España. Probablemente, las cifras le den la razón. Pero si la crisis ha pasado, ¿lo que tenemos ahora es la normalidad? ¿Es esto lo que nos espera durante la próxima década?”.

Por eso, el cuestionamiento de la reforma constitucional del artículo 135 que constitucionalizaba el pago prioritario de la deuda antes que la atención de las necesidades sociales no tiene ni tenía un valor meramente simbólico. En este sentido, la auditoria de la deuda y su refinanciación, que son objetivos imprescindibles si se quiere no solo garantizar los servicios públicos, sino simplemente “hacer política”, es decir, poder tomar decisiones de forma autónoma con la legitimidad y el respaldo de las urnas, sin que la “dicten” sutilmente, pero con mano de hierro, los acreedores. Y ya solo el simple hecho de plantearlo es motivo de mofa, de acusar de no saber nada de economía; pero, cuando la posibilidad se torna real, como en el caso de Grecia, enseguida se blande el fantasma de la inestabilidad.

Y lo mismo ocurre con la pretensión de subir los impuestos a los ricos. Incluso, sin subir. Simplemente, con exigir que paguen lo que les corresponde. Marc Márquez, por ejemplo, ha anunciado recientemente que se va a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Pero la lista de estos “patriotas”, que son aclamados y recompensados constantemente por lucir la “marca España” es muy larga. Como la de quienes siendo personas fiscales facturan a través de sociedades, porque les trae más a cuenta. Y lo mismo ocurre con las grandes empresas que facturan desde el extranjero, se acogen a rebajas fiscales sin cuento, hasta conseguir que el tipo efectivo no pase del 5 o el 10%.

Pero los que “entienden de economía” lo tienen bien claro: “Es preferible hacer todo lo posible por mantenerlos. Un país es rico por sus ricos. Si no les consientes que paguen los impuestos que quieran, se marchan. Y es mejor que vivan en España”. Lo habréis oído hasta la saciedad. Al último que le oí una defensa incondicional de esta postura fue a Manuel Pimentel en Salvados. Y mantener lo contrario es “no saber de economía”.

Sin embargo, creo que en estos dos casos los conocimientos de economía no son lo determinante. No se trata aquí de no saber, de “intervenir” e “interferir” peligrosamente en inamovibles leyes económicas escondidas en recónditos e incompresibles modelos matemáticos. Se trata de asuntos más simples e intemporales. Se trata en el primer caso del viejo matonismo que en su fórmula escolar sería “si no pagas, te pego”. Es tan simple que no hace falta ni un master ni saber nada de economía, se aprende a sangre y fuego en infantil. El otro es tan antiguo como este, pero también simple. Sencillamente, los ricos ni cumplen ni quieren cumplir las leyes. Ya lo decía Aristóteles “los que tienen demasiados bienes de fortuna […] ni quieren ni saben ser gobernados” (Política, IV, cap. 10). No hay más.

Por eso, en estas fechas tan señaladas, no puedo por menos que transmitir mis mejores deseos a todos los hombres de buen corazón para el próximo año: Tratemos que estos “patriotas” no tengan ningún sitio a donde huir, que la justicia social en forma de leyes fiscales justas los persiga allá donde vayan. Que así sea, para que 2015 empiece a ser un buen año. S y R.





No basta con pedir disculpas

16 09 2014

Cualquiera que haya viajado por España durante este verano, sin que importe la dirección o el destino, habrá tenido constancia del fracaso y el abandono de numerosos proyectos de polígonos industriales, urbanizaciones, parques tecnológicos, etc. y, muchas veces, como si hubiera sido obra de una catástrofe repentina y desconocida, las obras han sido dejadas de un día para otro, suspendidas en el tiempo, con las grúas todavía instaladas, inmóviles, que han sido aprovechadas por las cigüeñas para anidar en algunos casos, con sus carteles descoloridos, pero proclamando orgullosos todavía lo que pudo ser y no fue, señas inequívocas de un esplendor truncado, de una ambición imposible fruto de una vanidad sin medida. Se pueden ir enumerando, tantos a la derecha, tantos a la izquierda, todo un enorme derroche de recursos públicos, expuestos sin remedio al deterioro y al olvido. Estamos hablando solo de las “pequeñas” obras sin catalogar, no de las grandes que ya han merecido secciones enteras de denuncia en informativos, como los aeropuertos sin estrenar y otros proyectos megalómanos por los que se hundió sin remedio el dinero de todos.

Este paisaje urbano de la crisis abre sin remedio a numerosas cuestiones. Por los responsables, en primer lugar, ocultos, sin asunción de responsabilidad e impunes bajo el paraguas de las instituciones; por los motivos de lo que ahora descubrimos inequívocamente como despropósito y que fue presentado como necesidad perentoria para el progreso y el desarrollo local; por si hubiera alguna posibilidad, por remota que fuera, para que esos esqueletos ruinosos sirviesen de símbolo, escarmiento en cabeza propia y propósito de enmienda para el futuro. Para que no sean sin más, indiferentes, proyectos truncados sin motivo por el devenir caprichoso de una crisis, tan incomprensible como la meteorología y tan imprevisible como el advenimiento de una glaciación.

Pero, pese a las patentes evidencias y los enormes daños colaterales producidos, parece que nadie, y cuando digo nadie, me refiero aquí a los dos grandes partidos, han cuestionado este modelo de hacer política, centrada más en la obra nueva, que en la rehabilitación y recuperación, en atender preferentemente las demandas de las empresas que las necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, en convertir las campañas políticas en una subasta imposible de ver quién da más. Los políticos se convierten así en rehenes de las empresas, a quienes atienden solícitos y ante quiénes únicamente rinden cuentas; mientras que los ciudadanos quedan reducidos a una masa indiferenciada que puede contentarse fácilmente con el reparto de unos caramelos y el oropel de las promesas. Por aquí puede rastrearse la perversión de la democracia que estamos viviendo y la fuente de todas las corrupciones.

En Salamanca, tenemos el caso de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, el proyecto de dotar a un ya espléndido y muy utilizado parque deportivo, con pistas para distintos deportes y una estupenda piscina, de una pista cubierta de atletismo, con la consiguiente remodelación del parque. El proyecto contó con todos los beneplácitos posibles de la Junta de Castilla y León, del Consejo Superior de Deportes y, por supuesto, del propio Ayuntamiento de Salamanca que sacó a concurso la obra con una concesión de explotación de las instalaciones de cuarenta años. La empresa concesionaria quebró dejando tras de sí un reguero de deudas a las empresas subcontratadas, de compromisos incumplidos, conflictos legales y, por supuesto, la obra sin terminar y el parque cerrado.

Tan solo algunos grupos minoritarios como IU manifestamos nuestro rechazo al proyecto, poniendo en cuestión seriamente la necesidad de la instalación, pero, sobre todo, su viabilidad y la discutible legitimidad que tiene hacer una concesión de tantos años con una corporación que solo ha sido elegida por cuatro. Es fácil sacar pecho ahora y mantener “ya lo dijimos”. Pero lo cierto, una vez más es que el esqueleto paralizado de la pista de atletismo y el cierre durante años de La Aldehuela para el disfrute público no han servido para cuestionar el proyecto. Hasta por dos veces ha salido otra vez a concurso, adjudicándose al final a una de las empresas subcontratadas en el proyecto inicial, una empresa que aspira lógicamente a poder cobrar su deuda, pero que resulta más que dudoso que pueda cumplir los plazos y las nuevas condiciones del contrato más restrictivas todavía.

Como una profecía autocumplida, a fecha 1 de septiembre ya no ha cumplido y seguimos con La Aldehuela cerrada. El alcalde de Salamanca ha pedido públicamente en un Pleno Municipal disculpas a los salmantinos. Pero, aquí, como en tantas cosas, las disculpas ya no son suficiente.





El bochorno

9 09 2014

Al decir de Aristóteles, la vida práctica, que es aquella dedicada al ejercicio de la política, persigue como único fin, no la felicidad o el placer, sino el honor. El desprestigio que sufren los políticos en la actualidad hace que esta afirmación clásica suene más a expresión de un desiderátum que a una correcta descripción de la vida política. No obstante, existe un mínimo de honradez intelectual que traza una línea roja, por debajo de la cual se abre un abismo sin fondo en el que la conciencia y el recuerdo del bochorno deberían bastar para forzar el abandono.

Algo debe pasar por tu cabeza cuando reconoces que el argumentario remitido por la oficina de prensa no hay por dónde cogerlo, porque, de tanto retorcer el lenguaje para presentar como creíble lo imposible, se aboca al absurdo o la estupidez. El mínimo de honradez exigible para cualquiera que quiera dedicarse a la política le obligaría a plantarse, a decir “por ahí no paso y punto”. Es sencillo. Pero, si no lo haces, entras en una zona anómica, impredecible, de indignidad creciente, en caída libre y sin retorno.

Algo parecido debieron sentir Carlos Floriano y Dolores de Cospedal cuando tuvieron que vérselas ante la opinión pública para defender lo que les había remitido su oficina de prensa para explicar el no despido por imposible o el salario como despido pactado en diferido. Son momentos que se han incorporado ya como hitos destacados en la historia universal del bochorno.

Y algo parecido deben sentir ahora en esta defensa a muerte de eso que han terminado llamando “elección directa del alcalde”, medida que quieren introducir por lo civil o por lo criminal, pactada o no, en la reforma urgente de la ley electoral. No hay manera de explicar la necesidad y la urgencia de adoptar una medida así y, sobre todo, menos aún de ligarla a “regeneración política”. Chirría por todos lados. Ni siquiera quienes se ven obligados a defenderla por disciplina de partido se la creen, y los esfuerzos argumentativos se reiteran vacíos, aprendidos de memoria y sin convicción.

Cuando la crisis de representatividad de los políticos señala inequívocamente al bipartidismo como principal responsable, se pretende ahora apuntalarlo en el ámbito local, argumentando justamente razones de cercanía. Cuando el problema principal de la administración local es el clientelismo constituido y asentado institucionalmente y la corrupción, como bien señala Soledad Gallego en “Menos hablar de mayorías y más controles locales”, y no la falta de estabilidad política o gobernabilidad, que es lo que se pretende con esta medida. Y, sobre todo, cuando la política democrática debería sustanciarse en el terreno de las ideas y las propuestas y no en el de los personalismos ni en los liderazgos individuales sino colectivos.

Sin duda, debe resultar bochornoso salir a defender una medida justificándola en lo contrario que se busca con ella. Pero hasta esos extremos ha llegado la política española.

Y con una mezcla de ese mismo bochorno y perplejidad leí el otro día la entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, en un medio local. Debe ser difícil para él creerse ya el propio titular. “Nunca he estado en la carrera para suceder a Herrera”. Toda la vida haciéndose pasar por el delfín para negarlo ahora sin pestañear. Es posible que si lo repite varias veces, incluso, pueda llegar a creérselo, pero dudo que pueda convencer a la opinión pública salmantina.

El caso es que la entrevista sirve básicamente para postularse como candidato a la alcaldía por el PP, si así lo estima oportuno el partido. Y, por supuesto, reacio a su designación en unas primarias, con una afirmación cuanto menos paradójica: “Yo ya he pasado unas primarias que fueron las elecciones de 2011”.

Y, ya en estas, no puede sorprendernos que se declare firme defensor de la “elección directa de los alcaldes”, con el argumento falaz e insostenible de “evitar que se gane en los despachos lo que se pierde en las urnas”, en alusión a la constitución de mayorías en pactos postelectorales, algo que resulta una práctica impecable de la regla de la mayoría que constituye la esencia de la democracia, pese a que ahora quiera decirse lo contrario.

Pero el señor Mañueco parece olvidar que encabezar una lista cerrada, elaborada por un partido, no es en modo alguno unas primarias, ni tampoco que llegó a la alcaldía en una campaña cerrada y rechazando participar y confrontar públicamente en ningún debate abierto con el resto de los candidatos a la alcaldía. Algo en lo que debió estar bien asesorado por su equipo de campaña, que, sin duda, le aconsejó con “buen criterio” que en esa exposición pública tendría mucho que perder y nada que ganar. Otra prueba más de que la amnesia es el antídoto del bochorno.





Desde fuera y a distancia

8 07 2014

Por fin, hemos llegado a entender la motivación última de ese brote de codicia “impropio de su posición social” (al decir de algunos) que llevó a Iñaki Urdangarin a esa carrera frenética por obtener contratos cuyos beneficios “desviaba” a cuentas privadas: la adquisición del palacio de Pedralbes.

Con todo lo Duques (o ex Duques) de Palma que fueran no pudieron escapar de ese demonio que ha devorado a buena parte del resto de los mortales, no poder hacer frente a la hipoteca. La alta cuna no les ha salvado de la fiebre de la vivienda en propiedad, la euforia prestataria y sin medida de los bancos y del estallido de la burbuja inmobiliaria que terminó arruinándolo todo. Lo que parece acercar “su” problema al común de los mortales. Lo que ya es menos común han sido sus aspiraciones, muy “por encima de sus posibilidades” y la forma tan “noble” (no en sentido moral, sino de clase) con la que ha hecho frente a sus pagos.

En el fondo, el palacio de Pedralbes ha sido para el ex Duque de Palma y ex miembro de la familia real lo que significó para Bob en Lloviendo Piedras de Ken Loach el traje de comunión de su hija. Sin embargo, por mucho que lo he intentado, no he sido capaz de identificarme y ponerme en el lugar de este turbio personaje. ¡Con lo fácil que me resultó ponerme en el papel que interpretaba Bruce Jones! No sé. Pero todo este asunto me resulta tan ajeno que solo puedo verlo desde fuera.

Ya sé que eso no mejora la comprensión de este fenómeno social, como recomiendan repetidamente las metodologías “emic” de la antropología y otras ciencias sociales, que insisten en adoptar la “óptica de participante”, “ponerse en lugar de”, pero reconozco que en este caso me es imposible y solo puedo contemplarlo desde la distancia. Quizás, me consuelo, se trate, aun sin quererlo, de adoptar esta perspectiva, este “pathos de la distancia” que tanto valoraba Nietzsche, pero no me termino de convencer.

Así que, pese a las evidentes analogías, no consigo entender y menos aún disculpar los presuntos delitos continuados de este exjugador de balonmano y presuntamente también de su esposa. Lo sorprendente es la tremenda coincidencia de eso que se llama la “Casa Real” y otras instituciones, especialmente partidos políticos, a la hora de resolver presuntos delitos de corrupción. Tomen nota, porque debe ser “la” solución definitiva: se les aparta “temporalmente”. Dejan de ser miembros sin más de la “casa real” o militantes ejemplares, se les borra, no se les vuelve a mencionar más, y se acabó el problema. Por eso, he visto con tanta preocupación que se negase la razón a Google para reconocer el “derecho al olvido”. Si se reniega tan fácilmente de la hija o de la hermana, dejan de ser militantes y colaboradores ejemplares, y ya nadie sabe nada más de ellos, ni siquiera la genética, que en estos casos cuenta mucho, al menos nos quedaba la esperanza de google. Pues ya ni eso.

El otro caso que solo puedo contemplar “desde fuera” manteniendo que esa es la mejor forma de comprenderlo es el asunto del fondo de pensiones de cientos de eurodiputados, mantenido con recursos públicos y gestionados por una SICAV con sede social en Luxemburgo. Como el asunto ha sido explicado y requeteexplicado no creo que se necesite mayores aclaraciones. No obstante, para no perder adecuadamente la perspectiva, sugiero volver a releer detenidamente simplemente el nombre de ese producto financiero. Aunque parezca increíble existe algo así. Si hace unos años nos hubieran mencionado algo parecido, nos hubiese resultado imposible entender cómo alguien ha llegado a concebir semejante engendro y hubiésemos negado su existencia o, por lo menos, considerarla tan improbable como la existencia de vida inteligente en Marte. Y todavía resulta más bochornoso escuchar las justificaciones de quienes han creído que debían darlas, porque otros, sencillamente, ni se han dado por aludidos. Tan solo Willy Meyer ha dimitido, pero no ha explicado cómo pretende deshacerse de él, a cuánto dinero ascendía su “inversión” y, sobre todo, cómo y por qué llegó a suscribirla, teniendo como uno de sus gestores a Arias Cañete.

De verdad, que resulta muy difícil “identificarse” con estos individuos y, menos aún, entender lo que hacen “desde dentro”. Toda esta gente se cree distinta y por encima del resto de los mortales. Lo preocupante es que no es difícil explicar cómo han llegado a creer esto. Pero sólo en la distancia y desde lejos se puede mantener la “cordura” para no pensar que es lo normal. Pablo Iglesias desempolvó con acierto para referirse a ellos el término “casta”. A algunos pareció molestarles, a otros simplemente les ofendió y les pareció una injusticia, pero porque se quedaba corto.





Aviso para navegantes y estrategia Trillo

4 02 2014

Todos los que no han aceptado la versión oficial, la verdad impuesta por todos los medios de propaganda , todos los que han  osado investigar y denunciar las tramas ocultas del PP han salido trasquilados. Poco importan los servicios prestados y los favores debidos. La familia es la familia y no admite traidores. Lo fue Baltasar Garzón por investigar la “trama Gürtel”, al que se apartó por prevaricación y fue suspendido como juez; también ha sido suspendido posteriormente Elpidio José Silva por enviar a prisión a Miguel Blesa, acto que fue recurrido y desautorizado por el propio fiscal, en un claro ejercicio de defensa de los intereses generales (lo que no sabemos es de quién), y, por último, ha sido destituido como director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Este último ha ofrecido “su” versión y ha ligado claramente su salida con el giro dado por su periódico en el “caso Bárcenas”, sacando los papeles “originales” y publicando por entregas una entrevista de más de 4 horas realizada por el propio Pedro J., que para eso se las pinta. Claro, que siempre se puede respaldar la versión oficial: El Mundo despide a Pedro J. por la mala situación económica que coincide curiosamente (de forma casual, por supuesto) con el giro antes mencionado. De forma, que pese a lo mantenido por Pedro J., ni siquiera un cambio en la línea editorial del periódico podría confirmar su versión, porque siempre podría ser refutada por la célebre “Es la economía, estúpido”.

Podría parecer que el PP ha utilizado todos los medios del poder y toda la influencia “política” de la que dispone para sus fines, para “marcar su territorio” como un área protegida y enviar señales claras a “quien corresponda” de que no van a consentir “desmanes” y quien los cometa y ose traspasar la clara “línea roja” trazada “tendrá que asumir las consecuencias”. Aunque, cuando vuelvo a leer esta frase, creo que sería más correcta sustituyendo “política” por “mafiosa”. Pero son detalles y matices que no modifican sustancialmente el relato de los hechos.

Pero, fíjense, que no afirmo nada, sino que digo que “podría parecer”. Porque, en todos los demás casos, la corrupción instalada que envilece la política y, especialmente, a los políticos, y desangra a los ciudadanos, la estrategia definida por el PP es la “estrategia Trillo”: “Suspender cautelarmente” cualquier ejercicio por mínimo, elemental y democrático que parezca, de actuación política (aquí sí se emplea el término en su significado estricto) para fiarlo todo a la justicia, en una estudiada maniobra de dilación, entorpecimiento y coacción, de forma que el olvido borre  o pudra cualquier detalle, el intercambio de favores y el clientelismo incline la balanza (y nunca mejor dicho) a su favor, o llegue tan tarde la sentencia que no quepa otra que asumir los “errores” como ya “irreparables” e “irreversibles” en una perversa política de “hechos consumados”.

En ningún caso, el PP ha empleado la estrategia que parecía más lógica a su declaración de inocencia, que es la colaboración con la investigación para clarificar los hechos. Más bien al contrario, se han personado como “acusación particular” para entorpecer o han destruido los discos duros con información valiosa cuando se los requirió el juez. Así que todo lo fían a que la recuperación que proclaman “entierre definitivamente” todo y se les disculpe los pecados como mal menor. Esta paralización y judicialización de la política la denunciaba también Soledad Gallego-Díaz en “Un escenario político paralizado” referida también a la situación en Cataluña.

De todo lo dicho tenemos buenos ejemplos: La instrucción del “caso Gürtel” lleva camino de prolongarse tanto como lo ha sido el “caso Fabra” en Castellón, que tras más de 10 años no recordamos los hechos y hemos perdido la esperanza de una sentencia condenatoria. Pero también ha habido sentencias o actuaciones “tapadera”: Ocurrió con el “reconocimiento apresurado” de la víctimas del Yak 42, la sentencia del Prestige, que no encontró responsables, o el “accidente” del metro de Valencia, que por fin ha conseguido reabrirse. Y, como ejemplo de política de hechos consumados, la reciente sentencia del TS desestimando el recurso de casación de El Corte Inglés de Salamanca, deja en la “ilegalidad” la construcción del edificio de estos grandes almacenes que lleva abierto ya algunos años, sin que el Ayuntamiento haya ofrecido todavía una explicación o, simplemente, reconociendo que su “error” ha perjudicado los intereses de los ciudadanos en beneficio de una gran empresa. Pero de esto último tenemos una “exhaustiva y cumplida” información por el “periódico líder de Salamanca” que no se ha dignado en tratar el asunto. Lo que no sé si es “falta de responsabilidad periodística” o “casualidad”.





Diputaciones, ¿solución o problema?

27 08 2013

La aprobación de remisión a las Cortes por el último Consejo de Ministros del 26 de Julio del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que es como al final se llama este proyecto de reforma de las administraciones locales, constituye una pieza más, pero esta de una gran importancia, del proceso de recortes en el sistema democrático y de vaciamiento de las garantías constitucionales reconocidas desde el 78, es decir, lo que hemos venido llamando “proceso deconstituyente” puesto en marcha por el PP al amparo de la crisis y otros escándalos y que dibuja con claridad, no el programa oculto, sino el verdadero programa electoral del partido en el gobierno.

En el diagnóstico de la situación ya se ha dado por sentado que la administración local que ahora tenemos es irracional e insostenible, y la “opinión publicada” ya ha sancionado que tenemos “demasiados” ayuntamientos y que la despoblación y envejecimiento del mundo rural es imparable (y más en Castilla y León). Con esos mimbres pretende hacerse esta cesta. En modo alguno, entran en consideración, que el modelo de concentración de población en los entornos urbanos al que se tiende es el que es verdaderamente insostenible; que los ciudadanos tienen la libertad para elegir dónde quieren vivir (o dónde pueden) y que el compromiso del estado, es decir, de la administración pública, es garantizarles los mismos derechos y el acceso garantizado a unos servicios públicos de calidad.

Pero en este nuevo contradiccionario de la crisis, “racionalización” no es ya la imposición a una realidad social mostrenca, ruda y violenta de principios, normas y criterios racionales, sino y depuración y adelgazamiento de esos mismos principios racionales y democráticos, y “sostenibilidad”, ya hemos entendido que no es mantenimiento, sino reducción a mero testimonio. Así que, aciertan de pleno si creen que el único criterio que inspira este proyecto de ley de reforma de las administraciones locales es recortar gastos y que no van a encontrar en él nada que refuerce la democracia local, es decir, más democracia, y nada que garantice a los ciudadanos, vivan donde vivan, los derechos y los servicios mínimos que permitan una vida digna y en libertad.

Y podríamos aceptarlo si no hubiera otra, pero la hay. Y racionalización no es aceptar sin más la primera idea que se nos ocurra; ni gobernar democráticamente es solo asegurarse el mantenimiento del poder. De ahí que sea tan importante en democracia el empoderamiento ciudadano en las administraciones locales y la construcción social de propuestas de ordenación política y administrativa del territorio más elaboradas y que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Por eso, resulta verdaderamente sorprendente (o no, depende de cómo entendamos la democracia, como hemos venido hablando) el mantenimiento y fortalecimiento en esta reforma de las diputaciones provinciales. Porque constituye un golpe de estado contra el poder democrático de los municipios. Recordemos que los diputados provinciales no se eligen de forma directa, sino indirecta por los propios partidos. Lo que implica ya, no solo una pérdida de poder de los ciudadanos, sino también, en muchos casos, la apertura de un lamentable escenario de lucha tribal entre facciones y “personalidades” del mismo partido para ocupar el puesto prometido, que suele saldarse con “pago de favores” o “recompensa a servicios prestados”. Y porque el procedimiento establecido de cesión de servicios a las diputaciones, si no pueden prestarse por los pequeños municipios, condena a estos a vaciarse de contenido y, lo que es más grave, priva a los ciudadanos de ejercer el control directo y la sanción democrática sobre quienes de hecho les gobiernan, aunque no los hayan elegido.

Pero es que, además, las diputaciones provinciales se han ido consolidando como núcleos de poder no democráticos, caciquiles y clientelares. No es solo Baltar o Fabra. Cuando se analizan las partidas de gastos destinadas a los municipios, el signo político de la diputación y del municipio son lo determinante, no las necesidades de los vecinos. Y esto que resulta escandaloso, no es que ya no escandalice a nadie, es que además se propone como modelo.

Por no hablar de la ineficacia, del porcentaje del dinero que llega a su destino, frente a que se “pierde” en la gestión, cuestión esta en el que las diputaciones se llevan la palma.

Así que, este verano los vecinos de Guadapero en Salamanca, cansados de reclamar a la diputación el arreglo de la carretera, tuvieron que ponerse ellos mismos manos a la obra. No era una cuestión festiva ni una iniciativa vecinal encomiable, era el cansancio y la desesperación.

Y esa es la solución que ahora nos ofrecen: Todo el poder para las diputaciones. Pues, estamos apañados.  Espero que pronto no nos veamos obligados a repetir “¿Quién mató a la Diputación? Guadapero, Señor”.





Los culebrones veraniegos del poder y la verdad

16 08 2013

El verano es tiempo de culebrones y éste no iba a ser menos. Además del culebrón de Gibraltar, agosto se inició con dilatada hasta lo imposible comparecencia en el Congreso (que era el Senado) de Rajoy, con la que el PP pretendía poner punto final a un asunto político remitiéndolo a los tribunales y unas disculpas repetidas, pero sin cargo de conciencia, dolor de corazón ni propósito de enmienda y menos aún de penitencia. Nada, por supuesto, de  asunción de responsabilidades políticas, que era el tema, como suele decirse, y como si este asunto fuese algo que afectase exclusivamente a las conciencias y al confesor (más de moral y de moral religiosa que de ética), con lo que ¡apañados estábamos con un personaje como éste!, con una sensibilidad moral bajo mínimos y por el que ya ni en su partido pone nadie la mano en el fuego. ¿Mintió Rajoy? ¿Podrá probar Bárcenas sus acusaciones? Como este asunto, lejos de poner punto y final, ha quedado en punto seguido hasta septiembre, vayamos a otros.

El primero y más grave (si el humo de Gibraltar y la “equivocación” del presunto pederasta liberado nos dejan verlo) es la forma tan  arbitraria e irresponsable con que se toman las casas reales este asunto de los indultos, como si se tratase de un intercambio de banderines o simples frases vacías con expresiones protocolarias de buenos deseos y buena voluntad. Me pides 15, te concedo 30 y a ver quién da más. El propio gobierno se ha mostrado siempre reticente para regular esta “potestad”, incluso para dar explicaciones si llega el caso (y casos para explicar los ha habido, e inexplicables). Pero, regulado o no, no renunciarán nunca a ese poder. Porque el poder, más allá de las vanidades, los fastos y las pleitesías, solo se siente como verdadero poder cuando decide arbitrariamente sobre la vida y la muerte de las personas.       Y esto sin más es lo que ha ocurrido y lo que resulta tan difícil de legitimar desde la racionalidad democrática. Porque, si circunscribimos el asunto sin más a los procedimientos y garantías jurídicas, en las que este caso clama al cielo, si se puede utilizar esta expresión, los árboles no nos dejarán ver el bosque.

El segundo que destaco son las declaraciones realizadas ahora, sin duda alguna inoportunas en todos los sentidos de la palabra, de Ángel Carromero. Un asunto confuso desde el principio, con un desgraciado accidente con víctimas, con un rigor penal, que muchos consideramos excesivo de la justicia cubana, y que permitió que todos “mirásemos para otro lado” cuando se agilizó su traslado a España (antes incluso que otros reclusos españoles en situaciones más difíciles, incluso aquí al lado, en las cárceles marroquíes) y la rápida concesión del tercer grado que le permitía incorporarse a su bien remunerado cargo de asesor político. Ahora, digo, Carromero viene a decir que tras los fallecimientos en el accidente están los servicios secretos cubanos e, inmediatamente, toda una clá incondicional acepta las declaraciones como verdaderas.

Por último, ya en Salamanca, el culebrón de Las Malotas sigue su curso y esta misma semana me llega el 2º boletín que la cámara de comercio, respondiendo a unas declaraciones del alcalde de Salamanca. Resulta difícil encontrar otro precedente como este de la reparcelación y urbanización de un sector de Las Malotas con cargo al Ayuntamiento para su uso industrial que haya despertado tanto enconamiento entre el empresariado salmantino y el ayuntamiento. Parece que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento no ha justificado suficientemente ante la opinión pública y especialmente ante los agentes sociales (empresarios y sindicatos) y fuerzas políticas la oportunidad, necesidad, urgencia y procedimiento esta nueva dotación de suelo industrial, cuando en el área metropolitana de Salamanca existe suelo industrial más que disponible. Pero lo más sorprendente es que estas dos instituciones destinen tantos recursos para realizar dos campañas enfrentadas, con dípticos y mailing incluidos. Y, sobre todo, que lo hagan con recursos públicos para lo que no deja de ser intereses partidistas o sectoriales. Alguna explicación sobre esto deberían darnos.

En todos estos culebrones, veraniegos o no, y cuanto más se alarguen peor, lo verdaderamente difícil de saber es la verdad de cada asunto. Y, curiosamente, es lo que todas las partes dicen querer saber o decir. Siempre habrá incondicionales que aceptarán como dogma de fe lo que les digan y habrá también quienes estén dispuestos a no creerse nada. Poco importan las pruebas, los hechos, si es que a algo se puede llamar hecho y no mera interpretación. La “verdad” se nos descubre en su aspecto poliédrico de confrontación, de pugna entre interpretaciones, pero sólo hasta que a la “verdad que nos conviene” la derrote la “verdad absoluta”, que no es otra que la “verdad del poder”.








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