Contra la reforma laboral, primer asalto

El primer asalto de la pelea contra la reforma laboral lo han ganado los sindicatos este domingo 19 de febrero. Es una victoria corta, por puntos, pero victoria. Incluso aquí en Salamanca, pese a lo que diga después La Gaceta y toda la clac mediática y comentadora de la caverna, la participación en la manifestación ha sido muy numerosa. Y eso a pesar del intento de romper la unidad en la convocatoria por parte de algunos, y a pesar también del intento del gobierno, con el descuido de Rajoy, de saldar la contestación en una lucha corta y rápida que liquidase la oposición sindical.

Pero, por lo que parece, vamos a una lucha táctica, de ir ganando posiciones, de desgaste y de resistencia, larga y seguro que también cruenta. Los sindicatos están convencidos de que ya no es posible ganar este pulso en un enfrentamiento frontal y abierto, con una Huelga General que haga rectificar al gobierno. La campaña de descrédito a la que están siendo sometidos y las dudas respecto a sus propias fuerzas los han vuelto prudentes. Esta lucha no se gana en una sola batalla, pero sí puede perderse definitivamente. Y ahora el tiempo corre en contra del gobierno, porque la reforma no sólo no va a generar empleo, sino que va a destruirlo. Rajoy está obligado desde el gobierno a levantarse de la poltrona, hablar y actuar.

Lo curioso hasta ahora es que, en cualquier rueda de prensa convocada para explicar la oposición a esta reforma laboral, los medios de comunicación preguntaban siempre invariablemente por los sindicatos. Y los sindicatos son una institución imprescindible en el modelo democrático actual, tanto o más que el tribunal supremo. Y tanto uno como otro pueden y deben ser objeto de valoración y de crítica por sus actuaciones, pero otra cosa distinta es poner en cuestión su legitimidad y su existencia. Así que, en buena lid, yo esperaba que el viernes pasado Soraya Saénz de Santamaría hiciese una defensa cerrada de la función de los sindicatos en la concertación social y en las democracias, como salió en defensa del tribunal supremo. Porque, si criticar al tribunal supremo es cuestionar las instituciones del estado, por la misma razón también lo será cuestionar no sólo las actuaciones, sino el funcionamiento y la legitimidad de los sindicatos. Pero parece que la vicepresidenta y portavoz del gobierno de España no ha asumido bien su papel y este viernes no pareció acertar con el tono que le corresponde a su rango y actuó más bien como portavoz de su partido. Y no es lo mismo.

Porque lo cierto es que dejó al descubierto la posición no sólo del partido, sino del gobierno en relación con los sindicatos. Como, por otra parte, es manifiesto con el texto de la reforma laboral, donde el gobierno, elegido por mayoría ciertamente, pero que debe gobernar para todos, no solo no gobierna para todos, sino que actúa de parte y se sitúa del lado de los más fuertes, al conceder todo el poder en las decisiones laborales a la parte empresarial.

No sólo se precariza más el empleo y se facilita y abarata el despido, no. Con este real decreto, el gobierno modifica sustancialmente el modelo de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo de los trabajadores: Si hasta ahora se suponía que existía una diferencia de fuerzas a favor de la parte empresarial, lo que hacía necesario que se limitase a través de una regulación laboral que equilibrase las fuerzas y fijase los derechos de los trabajadores, a partir de ahora se rompe con este supuesto: Los más fuertes reciben ahora más competencias y más prerrogativas. Tantas, que el trabajo pasa de ser un derecho para convertirse en una dádiva generosa del empleador, por la que incluso tienen la deferencia de pagar, pero por la que se debe ser siempre solícitos y diligentes para atender sus más mínimas exigencias, temerosos de que la enfermedad impida cumplir con las obligaciones y perder el empleo, y del que se tiene que estar siempre agradecido.

El gobierno ha roto el marco y las reglas de juego, y los empresarios parecen estar contentos porque han visto cumplidas sus demandas y exigencias más extremas. Pero la respuesta en la calle debe hacerles entender que se imponen nuevos tiempos, que han acabado con el tiempo de la concertación y el de la paz social y se inicia el camino de la confrontación. Puede haber marcha atrás por parte del gobierno, pero, si no la hay, no habrá una victoria fácil y rápida.

Feliz 1984

“Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro. Figúrate una bota aplastando un rostro humano… incesantemente.”
Orwell, G.: 1984, Ed. Destino, pág. 262.

De veras que llevo varias semanas pretendiendo tocar un tema más liviano, incluso amable, pero siento que esta columna termina padeciendo de actualidad. Y esta semana no nos ha dado un respiro. Tras el mazazo de la condena a Garzón, el retroceso en los derechos de las mujeres, el viernes se hace cuerpo una nueva reforma laboral sin negociación, sin conocimiento de los agentes sociales, incluso sin el conocimiento cierto de los propios ministros del ramo, en esta tradición inaugurada por Rajoy de llevar el secretismo hasta el límite.
Así que, he tenido que cambiar la cita de inicio, que pensaba ser de Rabelais (“Más vale de risas que de lágrimas escribir, porque reír es lo propio del hombre”) de su Gargantúa y Pantagruel, por esta otra que encabeza hoy, nada esperanzadora de 1984. Porque esta reforma laboral, junto con las otras y buena parte de lo que nos está sucediendo, o mejor, de lo que están haciendo que suceda, tiene la marca de esa bota que presiona cada vez más nuestra cara, incesantemente.
Desde 1984, todas las reformas laborales se nos han vendido como la receta necesaria y como la única manera de crear empleo y/o salir de la crisis. Fueran cuales fueran las causas de la crisis, fuera cual fuera la situación generada, la terapia siempre era la misma y los resultados semejantes: se ahondaba la precariedad y se reducían los derechos de los trabajadores. Y el diagnóstico volvía a ser el mismo: es necesaria una nueva reforma laboral.
Resulta sorprendente la fijación y persistencia de estos reformistas en mantener sus reformas, pese al escaso éxito alcanzado en cada una de ellas, pero, a la espera de mejores y más detallados análisis, me gustaría centrarme en algunos tópicos.
Se suele hablar frecuentemente de la rigidez y de la dualidad del mercado laboral español. No es casual la elección de los términos, tanto rigidez como dualidad entrañan en sí mismos aspectos negativos que conviene corregir, por lo que cualquiera que pretenda hacerlo se encontrará con adhesiones incondicionales y, quienes opongan resistencia, serán considerados caducos o anticuados. Sin embargo, conviene saber que lo que suele llamarse rigidez del mercado laboral no son otra cosa que legislaciones laborales interpuestas para impedir la arbitrariedad, que regulan y defienden derechos por los que generaciones enteras estuvieron peleando. También el sistema procesal es muy rígido, pero esa rigidez constituye un sistema de garantías personales que conocemos como libertades públicas o derechos civiles. Y nadie está dispuesto a quebrarlo, ni a proponer un sistema más flexible. Pues lo mismo debería ocurrir en el mercado laboral, con los derechos sociales y laborales de los trabajadores, derechos que parece que estamos dispuestos a tirar por la borda porque no son suficientemente flexibles. Y lo mismo ocurre con la dualidad. La dualidad de la que se habla es la consecuencia de la precarización del mercado laboral por las sucesivas reformas que han penalizado o, flexibilizado en su terminología, los nuevos contratos dejando al margen a los trabajadores con contratos laborales más antiguos. Esta dualidad entre trabajadores con derechos y trabajadores sin derechos, se decía, es injusta. Pero cualquier persona entiende que la injusticia se resuelve por la vía de otorgar derechos laborales plenos a todos. Pues no: Ya no habrá trabajadores con derecho a indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado, porque todos quedarán igualados a 20. Pero la injusticia generalizada no se transforma jamás en justicia.
Y, por último, Sáez de Santamaría ha presentado esta reforma como la verdadera reforma (la anterior y las anteriores no fueron verdaderas, porque no fueron suficientemente osadas), ésta es una reforma estructural y no coyuntural, una reforma radical, de calado, que va a modificar las condiciones laborales de los trabajadores, eliminando todas las rigideces del mercado laboral para hacerlo más eficiente, para acercar al mercado a lo que debe ser.
Sin embargo, conviene recordar que el estado social, el reconocimiento de derechos  y las enormes posibilidades de bienestar y emancipación por él generados fue el resultado de un pacto en condiciones de igualdad entre capital y trabajo, que estableció este modelo de relaciones laborales con derechos que ahora se considera ineficaz. Si ahora se cambian estas relaciones laborales, no se harán desde una correlación de fuerzas, sino desde la imposición y el miedo. Será, en cualquier caso, la coyuntura de la crisis la que obligue a modificar las condiciones laborales, pero esas nuevas condiciones impuestas y no propuestas, en las que el trabajador debe acomodarse a las exigencias del empleador y debe estar a merced de las necesidades y urgencias de la producción, no son las condiciones ideales, ni óptimas, ni marcan la estructura del mercado.
Por el contrario, la estabilidad en el empleo, los derechos laborales, el trabajo como medio de transformación y liberación de los seres humanos son y serán un objetivo político irrenunciable. Quienes pretenden hoy racionarnos la comida, quieren hacernos creer también que el racionamiento es la norma, de nosotros depende que sea la excepción. El 19 de febrero será el primer asalto.

Integrismo, cortinas de humo y falta de responsabilidad

En estas semanas hemos asistido al anuncio sucesivo por parte de cada uno de los titulares de distintos ministerios de una cascada de reformas con un signo ideológico claramente conservador, de forma que, si se llevan a cabo, constituirán una verdadera contrarreforma que recortará derechos y libertades públicas que parecían ya consolidados. Desde la modificación de la ley del aborto, que volverá a basarse en supuestos y no en plazos, lo que significa volver a culpabilizar a mujeres y sanitarios, la supresión de la Educación para la Ciudadanía, el cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el agravamiento de las penas, el replanteamiento de la píldora del día después, los cambios en la ley de costas, la prórroga de la vida de las centrales nucleares, etc. todo parece indicar que el PP tiene mucha prisa por dejar enseguida su sello más conservador y contentar a sus bases más integristas y reaccionarias. El moderado Rajoy y el centrista Gallardón se han quitado sus caretas y han emprendido un giro decidido hacia la derecha.
Dicen, sin embargo, que no hacen otra cosa que seguir su programa y se creen legitimados para ello, pero esas afirmaciones resultan muy discutibles: En el contexto general de crisis que vivimos y con los problemas tan graves a los que nos enfrentamos, han elegido primero la senda más ideológica y partidista, han olvidado que muchas de las medidas que han adoptado requieren un consenso más amplio que la mera mayoría parlamentaria y, sobre todo, han optado por gobernar no para todos, sino para su electorado más conservador. Y estas medidas han servido, no sé si deliberadamente o no, como cortina de humo para distraer a la opinión pública de los desastrosos datos del paro de este mes de enero, que ha subido en 177.470 personas hasta llegar a los 4.498.000 parados y eso sí que es un asunto de interés nacional y en lo que primero se habían comprometido.
Pero, si el asunto es especialmente grave en el campo de la justicia, es el en campo de la educación donde las medidas que se han anunciado resultan más reveladoras. Es especialmente grave que, después de bloquear un pacto educativo y, en consecuencia, de acabar con las expectativas de generar el mayor consenso posible en la educación, que es una de las exigencias sociales más demandadas, el flamante Ministro de Educación, José Ignacio Wert lo primero que anuncie, como si se tratase del principal problema educativo de este país, es la supresión de la materia Educación para la Ciudadanía. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, dijo textualmente “Proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”, pero no pudo exponer cuáles eran esas cuestiones controvertidas, ni dónde se había producido adoctrinamiento.
Y la verdad es que la controversia que ha generado esta materia no se ha producido tanto porque aborde cuestiones comprometidas, sino porque determinados derechos, formas de vida y/o orientación sexual perfectamente constitucionales y acordes con los derechos humanos legalmente reconocidos son contrarios a determinados credos religiosos o ideológicos para los que los padres sí parecen tener derecho a adoctrinamiento. Y, por otra parte y el ministro parece lamentablemente olvidarlo, la controversia y la disputa son el ámbito de la verdadera educación, la que busca formar el juicio sin ocultarle las dificultades, y no ocultar el debate y la disputa para que el dogma no peligre. Así que, no es tanto una imposición totalitaria por el estado de una determinada ideología, como de la negativa privada a aceptar valores democráticos y confundir la libertad religiosa con el derecho a adoctrinar privadamente.  Por eso, la defensa de la Educación para la ciudadanía siempre ha sido la defensa de la ciudadanía, de la democracia y de los derechos humanos frente al integrismo religioso que, no por ser cristiano, es menos peligroso y contrario a la democracia que el islamista. Lamento que el Ministro se haya alineado y dé alas a estos sectores tan reaccionar.
Pero incluso fue más allá y, para apoyar su posición posteriormente utilizó y leyó públicamente como ejemplos de ese supuesto adoctrinamiento, dos párrafos de un libro que no es ningún manual de esa materia y que, por supuesto, nunca ha sido empleado en su enseñanza. Y el ministro debería saberlo, porque esos mismos ejemplos han sido utilizados hasta la saciedad por los detractores de esta materia y ya la propia editorial lo había explicado convenientemente, o mentía deliberadamente. La disyuntiva sitúa al Ministro en una posición muy incómoda, tanto, que sólo es posible un desmentido público o su dimisión. Pero nada de esto ha ocurrido. En España sigue siendo muy difícil que un político asuma sus responsabilidades.

Desenmascarando el proceso de libre elección de centros

Si existe un ámbito en el que resulte más fácil ver los mecanismos que emplea el pensamiento más tradicional en su alianza con los neoconservadores más ultraliberales y a través de una campaña de propaganda impecable y convincente es el ámbito escolar. Y también es aquí donde resulta urgente desmontarlos en una delicada operación de desenmascaramiento.
La semana pasada se presentó el proceso de adscripción a centros que ahora se llama “libre elección de centro” por

Mapa tomado de La Gaceta Regional de Salamanca del 24 de enero de 2012, p 3

parte de la dirección provincial de Salamanca. Se han introducido cambios muy importantes: Se han reducido las zonas escolares de 10 a 3, a saber, norte, este y suroeste, y, también se ha modificado sustancialmente el baremo de puntuación. Todo ello se ha hecho, como no podría ser de otra manera, para permitir a los padres tener más posibilidades de lograr una plaza para sus hijos en el centro que elijan, ya sea público o privado concertado.
Pero, hay que decirlo, aquí se antepone el pretendido derecho de los padres a elegir el centro y la educación de sus hijos al verdadero y único derecho reconocido como tal en la Declaración de Derechos Humanos, que es el derecho a la educación. Pero, claro, presentado propagandísticamente así como derecho, la “libertad de elegir centro” posee un atractivo y un poder de seducción impresionante. Y no es tal.
Así que, será necesario ser cuidadoso. La zonificación de centros obedece a criterios de planificación educativa, de distribución racional del alumnado por zonas de residencia o trabajo, pero también para otorgar seguridad jurídica a los padres del derecho de escolarización, para garantizar el derecho a una educación de calidad, independientemente del lugar de residencia y, sobre todo, para racionalizar los recursos económicos. Ninguno de estos principios que deberían regir la actuación de la administración pública se respeta en la  nueva zonificación. Porque el diseño de tres zonas o sectores cuyo centro sería la intersección de la Avda. de Portugal con la Avda. de Torres Villarroel y la puntuación asignada al baremo convierten a la capital salmantina de hecho en una única zona escolar.
Así que, en la práctica, se diluye el criterio de proximidad y renta (que antes eran básicos) y, además, se pone en peligro un diseño de ciudad que ofrezca servicios a los ciudadanos en la cercanía, en los barrios con la misma calidad que en el centro y se consigue que la población escolar no se distribuya de forma equilibrada. Y en Salamanca tenemos un verdadero problema de falta de matrícula en algunos centros, de masificación en otros, de incremento insostenible de los desplazamientos privados a los centros escolares, etc. Y esos son los verdaderos problemas que los ciudadanos exigimos que los gobernantes nos resuelvan y, que este plan no sólo no resuelve, sino que los agrava.
Además, al margen de que consideremos la enseñanza concertada como subsidiaria o no, que creo que en buena lógica es como debía considerarse, es decir, que debería cubrir las necesidades allí donde no llegue la enseñanza pública, no resulta económicamente rentable subvencionar conciertos con centros privados cuando no se cubren todas las plazas de oferta pública. Lo contrario sería algo así como permitir realizar y costear operaciones a pacientes públicos en centros privados, cuando existen quirófanos vacíos. Es decir, gestionar mal y trasladar fondos públicos a manos privadas. Así que, también deberíamos preguntarnos cuánto va a costarnos esto y quiénes van a ser los verdaderos beneficiados.
Porque, como vemos, de lo que se trata no es tanto de favorecer el derecho de los padres a elegir centro, como a favorecer y proteger los privilegios de un modelo de enseñanza privada, preferentemente religiosa y concertada, es decir, subvencionada y sufragada con el dinero de todos, y permitir que los padres que lo deseen puedan elegir, porque ahora ya estará siempre en su zona, un centro de enseñanza religiosa subvencionado, consolidando esa doble red de centros, y convirtiendo en guetos de inmigrantes o de población marginal algunos centros escolares de la periferia, en un proceso de degradación que la propia administración educativa tendría que tener como primer compromiso invertir y no acelerar. Este es el verdadero sentido de esta nueva zonificación que responde a una ideología liberal que acrecienta las desigualdades y recela de lo público.
Ya lo dijo Rajoy en su investidura “nadie va a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos”, lo que constituye una confesión ideológica sin paliativos de esa desconfianza liberal en la democracia, en la soberanía popular y en la enseñanza pública, laica y gratuita, que es la expresión de esos valores republicanos, para beneficiar su credo y su partido.

El honor y las servidumbres del poder

Todavía recordamos cómo en los inicios de esta crisis económica que nos asola se decía que era sólo una crisis financiera y existía un consenso generalizado en culpar  de todo a la codicia y a la falta de regulación de los mercados financieros. También recordamos cómo entonces se nos dijo que en España contábamos con un sistema bancario solvente y que no íbamos a sufrir tanto los efectos. Después empezamos a culpar a la burbuja del ladrillo: El enorme peso del sector de la construcción en España era el principal responsable de la crisis y de la desproporcionada tasa de desempleo que nos hundía. Más tarde, las operaciones de rescate bancario y las medidas de incentivación dispararon la deuda soberana, sembraron la desconfianza en los mercados, la rebaja en la calificación de la deuda, la subida de tipos respecto al bono alemán, las exigidas o impuestas políticas de ajuste duro y recorte social que nos lastran más en la caída  y todas las miserias que nos son de sobra conocidas.
Lo que no nos han dicho pero que salta a la vista es la pésima gestión de los recursos públicos que han realizado algunos políticos y con la que se han beneficiado, y la baja catadura moral de alguno de ellos. Ahora se habla de despilfarro, pero no encontramos a nadie que pueda tirar impunemente la primera piedra. Por toda la geografía española podríamos encontrar ejemplos para ilustrar esta desmesura. Y pensaba, por citar alguno, en el Museo del Comercio de Salamanca, una ciudad donde, si no lo remediamos, el pequeño comercio será pronto asunto de museo.
Porque no sólo es mala gestión, porque esa mala gestión era buena al servicio de intereses ajenos a los ciudadanos. Esta mala gestión se asienta sobre la corrupción o la presunta corrupción que aflora ahora por los bordes de una alfombra donde se había pretendido ocultar demasiado: Carlos Fabra, Camps, Ricardo Costa, los ERES de Andalucía y las subvenciones gastadas en parrandas y golfería. Y los partidos políticos tampoco han estado a la altura de lo que venden: o se han presentado como doncellas escandalizadas o han confirmado y apoyado contra toda evidencia a los suyos.
Esta semana se cierra el juicio circunscrito interesadamente sólo a los trajes de Camps y Costa y no sé si tendrán condena legal o no, pero su moralidad y su honor han quedado por los suelos.
Tampoco sé si tras el juicio de esta semana ni tras los que se le avecinan al Juez Garzón, que ha sido y es símbolo de legalidad, compromiso y lucha inquebrantable e incansable por la justicia en tantas causas, será condenado o no. Todo parece indicar que es una encerrona-venganza que lo dejará bastante malherido y que no volverá a ser como antes, ni el de antes. Pero mantendrá intacto su honor y contará con el respaldo y el apoyo incondicional, como no puede ser de otra manera, de mucha gente honrada.
Hay semanas terribles como ésta, cuando vemos sentado al juez como acusado y obligado a despojarse de la toga, y a los imputados ejerciendo la acusación particular, que cobra actualidad aquel dicho castizo “que paren el mundo que me bajo”, porque parece que no vamos a poder soportar tanta degradación e iniquidad.
Porque resulta claro que el derecho a la defensa de los imputados en el caso Gürtel no solo no ha quedado limitado, sino que ha encontrado la única forma de defensa. ¡Y eso por no hablar de los sujetos que ejercen la acusación particular en el caso de las víctimas del franquismo! Sería necesario que la fiscalía, que es la encargada de defender la legalidad y que no encuentra causa, se decidiese a ejercer la “defensa pública” y defender a Garzón por todos para que volviésemos a reconciliarnos con la realidad.
Como hemos esperado esta semana, como se esperaba vanamente también cuando éramos sancionados colectiva e injustamente en la escuela a que el culpable diese la cara, que el obispado de Almería en el caso de Resurrección Galera, con valentía, por dignidad y responsabilidad, también dijese “he sido yo” y asumiese el pago de los salarios de 11 años de esta trabajadora despedida injustamente. Pero, nada.
Y, para colmo, nos enteramos ahora por Rita Barberá que es habitual verse en la obligación de aceptar regalos, como trajes, bolsos y demás, sin que eso signifique nada. Debe resultar muy duro verse en esa tesitura. Deben ser, sin duda, las servidumbres del poder.

Lo llaman democracia…

Cuando hace unos días volví a ver La vida de los otros descubrí matices que se me habían escapado la primera vez. Alguna ventaja tiene que tener ver las cosas dos veces y reposadamente. En un régimen donde todos se han vuelto no solo sospechosos sino culpables de antemano, y así lo defiende el protagonista, donde toda persona que sea suficientemente vigilada o convenientemente interrogada terminará descubriéndose, no es posible suspender una investigación antes de haber confirmado las pruebas para la condena. Por eso, me sigue resultado difícil entender los motivos por los que el capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), convencido comunista y defensor inflexible e instructor meticuloso de los procedimientos de la Stasi, decide cerrar y falsear los datos de la investigación y favorecer a los vigilados, ganándose, no sé si con buen criterio, el apodo de “buen hombre”, pero sí poniendo en suspenso sus firmes convicciones y arriesgando su empleo. Resulta inesperado y prodigioso por lo excepcional en un régimen tan opresivo, controlador y corrupto como el régimen de la RDA de Honecker y en un hombre de las convicciones de Wiesler (o justamente por sus convicciones). Es otro sorprendente caso más de lo que podríamos llamar “factor humano”, es decir, la indeterminación que se produce en un sistema cerrado por la intervención de un hombre, en este caso, por el afloramiento de un comportamiento noble en un medio tan hostil. Pero, si el sistema no lo es todo en un régimen totalitario, menos lo es aún en un sistema democrático.
Sin duda, el imperio de la ley, la defensa a ultranza de la legalidad y los derechos humanos, el pluralismo y el respeto a las minorías, la participación ciudadana, etc. son pilares muy importantes en el funcionamiento de un sistema democrático. Pero el mero cumplimiento de la ley o de las leyes no es suficiente. Parecería que se necesita voluntad política, de eso que llamamos “factor humano”, de “buena voluntad”. Y así me suelen comentar muchas veces que todo depende de la “buena voluntad de los políticos”, especialmente en la participación y en la transparencia. Sin embargo, la buena voluntad sólo es válida en la ética, en los comportamientos privados, porque en la política se queda siempre en la excepción que confirma la regla, pero excepción al fin y al cabo. Como Gerd Wiesler es una excepción en la Stasi.  Y, aunque es verdad que las democracias mejoran moralmente a los ciudadanos, y basta leer Conversación en la Catedral para darse cuenta de la degeneración moral que comporta toda dictadura, no es verdad que basten buenos ciudadanos para hacer buena la democracia. Como decía Kant y a mi me gusta repetir, la democracia tendría que ser posible “incluso para un pueblo de demonios”, siempre que esté garantizada la transparencia. Porque la transparencia no es algo opcional, es el requisito indispensable que obliga a convertir el posible vicio privado en necesaria virtud pública. Por eso, las leyes en democracia no pueden tener una interpretación cerrada y acabada, sino abierta y en proyecto. Porque el dedo apunta la luna y no podemos quedarnos mirando el dedo. Así que, al igual que la suma justicia, sin equidad, podría convertirse en suma injusticia, la mera legalidad democrática no es nada si no está respaldada por principios y valores democráticos.
En este sentido, la celebración de las sesiones de Plenos en el Ayuntamiento de Salamanca por la mañana, regular la participación democrática como ocurre actualmente en un marco tan estrecho, que no permite ni canalizarla, ni impulsarla, ni favorecerla, sino solo limitarla y, lo que es especialmente más grave, haber vaciado de contenidos y competencias al propio Pleno municipal para trasladarlos a la Junta de Gobierno, en la que solo tiene representación el equipo de gobierno, son medidas perfectamente legales, incluso pueden argumentarse desde la eficacia y la rapidez necesarias en la toma de algunas decisiones, pero está claro que han provocado una concentración de poder, un recorte de la pluralidad democrática, han impedido o puesto trabas en el necesario control que debe ejercer la oposición y en la transparencia y ejercen una clara limitación de las funciones de la oposición a lo legalmente reconocido, que es justo aquello que pueda hacerla mínimamente operativa.
No me cabe duda que pueden ser legales, pero es evidente que no están inspiradas en principios y valores democráticos, que con ellas, la democracia ha dejado de ser esa aspiración de ser un sistema de autodeterminación social, para convertirse, sin cambiar ni una sola coma en las leyes, en un sistema de legitimación no del poder, sino de los poderosos. Y así, volvemos a darles la razón a quienes dicen: Lo llaman democracia y no lo es.

Sobre la veracidad, la verosimilitud y la responsabilidad

Mi bisabuelo, al que me gusta imaginar cumpliendo una importante labor social como lector de periódicos en voz alta en la solana del pueblo para información de sus vecinos, y que terminó sobrepasado por la actualidad e inmediatez de la radio, solía decir que en un periódico no hay más que dos verdades: la fecha y el precio. Y conste que esto lo decía en la primera mitad del siglo pasado cuando la prensa llegaba con días de retraso.

Por eso, suelo contemplar la información siempre con cierta distancia y descreimiento. Pero, a veces, algunas noticias resultan tan faltas de coherencia y credibilidad que derivan especialmente inverosímiles. Eso ha ocurrido particularmente con la decisión de esta semana del equipo de gobierno de Salamanca de cambiar el proyecto y modificar las obras que se están realizando en el Paseo de la Estación de Salamanca. He seguido el tratamiento que hacen los distintos medios escritos y creo que merecen alguna reflexión.

Algunos antecedentes podrían contextualizar la situación actual. La remodelación del Paseo de la Estación se adjudicó siendo Alcalde de Salamanca Julián Lanzarote por 2.194.940 € a Pavimentos Asfálticos Salmantinos (PAS) de Mariano Rodríguez. De esa cantidad, la Junta de Castilla y León aportaba el 70% a través de las Consejería de Interior y Justicia (sí, repito, de Interior y Justicia, no me he equivocado, aunque muchos no acertemos a entender la competencia de esta Consejería en este tipo de actuaciones), cuando era consejero Alfonso Fernández Mañueco, actual Alcalde de Salamanca. Luego, la empresa adjudicataria y otras también propiedad de Mariano Rodríguez, empezaron a tener problemas, algunas en concurso de acreedores, y las obras empezaron a dilatarse, a sufrir “pequeñas” modificaciones: Primero, se decidió peatonalizar dos calles perpendiculares (peatonalización para la que no hay proyecto ni presupuesto ni plazo), y, segundo, sigue sin definirse cómo se realizarán las obras en Plaza de España para evitar o paliar las inundaciones periódicas que sufre la calle, y que era, como es lógico, la reivindicación más importante para los vecinos. Así, las obras que tendrían que haberse finalizado en marzo de 2011, acumulan un retraso importante (más del doble del tiempo fijado para su ejecución).

En este contexto, el día 4 de enero el equipo de gobierno del Ayuntamiento decide“rectificar” el proyecto aprobado por la anterior corporación. Y esta decisión se toma con buena parte de la obra ya realizada, levantado el asfalto, colocado en la mediana farolas, cipreses, sistema de riego, etc. Por tanto, tendrá que procederse ahora a la retirada de la mediana y de todos los elementos que se han instalado  para devolverles su estado original. Pero lo más sorprendente es que esta decisión-rectificación, según se recoge en todos los medios, se ha tomado “tras atender las críticas de los vecinos y comerciantes de la zona y un informe del Mayor de la Policía Local” y, sobre todo, según declaraciones de Carlos García Carbayo, Concejal de Fomento del Ayuntamiento, “esta medida no tendrá ningún coste adicional, ni tendrá repercusiones en el incremento del tiempo de ejecución de la obra”.

Semejante decisión que, cuando menos habría que criticar por su retraso, ha sido objeto de alabanzas importantes en algunos medios. LaGaceta Regional de Salamanca le dedica un recuadro de opinión con el significativo título de “Rectificar es de sabios” y Susana Magdaleno la califica como “El primer regalo de Reyes”. Sólo El Adelanto, Tribuna y Salamanca en Directo mencionan las declaraciones contrarias del PSOE, que califican de falta de planificación y despilfarro y anunciando que pedirán las explicaciones oportunas.

Pero, ¿de verdad, pretenden que nos creamos que esta modificación no va a significar un incremento en el coste general de la obra ni va a significar un nuevo retraso en un proyecto que nadie se atreve a fijar fecha de finalización? ¿Y que no va a significarlo porque van a reutilizarse los materiales en otras ubicaciones?

Lo importante no es si ahora se ha tomado en cuenta la opinión de los vecinos, sino por qué no se hizo antes, y por qué en este caso sí y en otros no, que tal vez nos lleve a preguntarnos por la significación y vinculación de los vecinos y empresarios de la zona al equipo y al partido de gobierno. Lo importante no es que se cambie un proyecto o se rectifique un proyecto porque se considere inviable, sino por qué no se consideró así em su inicio (porque, si rectificar es de sabios, más lo es acertar desde el principio) y, sobre todo, cuánto va a costarnos más y quién o quiénes deben asumir y tienen que asumir el coste económico y político de esta decisión. Lo importante no es si la calle por la que se concentra la mayor parte del tráfico de Salamanca va a tener cuatro o cinco carriles, sino hasta cuándo van a durar estas obras en la que ya hemos consumido más del doble del tiempo de ejecución, gastado cerca de los dos millones del presupuesto y que nos deja un rotonda imposible en el cruce con la Avenida de Portugal y una incierta solución al problema más grave que eran las inundaciones. Lo importante no es cuánto va a suponer más esta modificación, sino si, con los recortes de derechos que pretenden justificar en la crisis, es sostenible este modelo de gestión política distante, improvisada, despilfarradora e irresponsable. Lo importante no es cuántos medios tengamos, sino si los que tenemos son libres y dispuestos a informar o a que comulguemos con piedras de molino.

Paz, justicia y democracia

Como la actualidad no tiene memoria, es más, como la actualidad amplificada y multiplicada por los nuevos medios de comunicación devora y desintegra incluso la más flagrante contradicción encontrada en las hemerotecas, no me imagino a Fernando Rodríguez, ni a ningún político al uso, pidiendo disculpas por desmentidos. El éxito de la dominación mediática actual no se ha logrado, como imaginó Georges Orwell en 1984, con una sofisticada red de rectificación de las noticias y la historia, sino, como sabemos, con la omnipresencia de lo actual.
Por eso, decía, no me imaginaba que Fernando Rodríguez, portavoz del grupo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, tuviese que justificarse o rectificar, tras la acalorada defensa que hizo en el pleno del viernes 30 de diciembre de la inversión de 2,5 millones de euros en la rehabilitación de la catedral, justificándola en el programa con el que concurrieron a la elecciones, el compromiso con los electores y la responsabilidad del partido en la acción de gobierno. Porque tendría motivos para rectificar al escuchar el mismo día a sus compañeros de partido explicar las primeras medidas del Consejo de Ministros.
Porque estas medidas de ajuste de Rajoy contradicen por la vía de los hechos todo lo proclamado en campaña. No sólo no van a hacer lo que decían (aunque la verdad es que decían más bien poco), sino que van a hacer lo que prometieron y se hartaron de prometer que no harían en ningún caso.
¿En qué lugar quedan a Fernando Rodriguez en su defensa de que, pese a la crisis, pese a la difícil situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Salamanca, hay que anteponer  la sagrada obligación programática contraída con los electores de dedicar 2,5 millones de euros (5 veces más de lo que se destina a programas de ayuda de emergencia, que es a lo que querrían, como es lógico, dedicar ese dinero)? Pues, en eso, en defensa ideológica e interesada de una inversión difícilmente justificable.
Como lo ha sido, la defensa de las medidas de urgencia adoptadas en el último Consejo de Ministros (Ver), algunas tan injustas como la congelación de la tasa de reposición de empleados públicos, la eliminación de la bonificación del gasóleo profesional, el aplazamiento por un año de la aplicación de la ley de Dependencia o la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI). Medidas todas ellas que se han justificado como “imprevistas y extraordinarias” para hacer frente a una situación imprevista y extraordinaria, pero que, en ningún caso, estaban en el programa electoral del PP, sino en sus antípodas. O por lo menos, del programa explícito. Así que: determinadas medidas pueden adoptarse, aunque no estuvieran en el programa y contra otras que sí lo estaban, para hacer frente a determinadas situaciones, o no se puede salir de lo comprometido en el programa, o las dos cosas al mismo tiempo y por las mismas razones y el mismo día como hace el PP, tratando de emular a Marx, pero Groucho, cuando dijo aquello de “estos son mis principios, pero, si no le gustan, tengo otros”.
El problema es que las medidas adoptadas producirán más sufrimiento y afectarán más a las rentas más bajas, no van dirigidas a luchar activamente contra el fraude y, sobre todo, no van a dirigidas a impulsar la economía que permita la creación de empleo, sino en aras de los más altos principios económicos: asegurar a los inversores-especuladores el cobro de la deuda y reducir a precio de más desempleo el déficit público. Y seguirán siendo provisionales, no por el compromiso programático con las elecciones andaluzas, sino para evitar decir algo que pudiera comprometer la tan ansiada victoria.
Así, el programa ya no es un contrato-compromiso con los electores: Fernando Rodríguez eso está ya superado. El programa es un documento propagandístico en el que se debe ocultar las propuestas que pudieran desembocar en una derrota, un documento que legitime ante el electorado lo mismo y lo contrario de lo que las élites dirigentes tengan a bien hacer con el consentimiento de los mercados y los poderes económicos.
Kant soñaba que la verdadera paz, la paz perpetua, que no solo un deseo navideño, solo sería posible en democracia y que ésta o la “constitución republicana” como le gustaba llamarla, no supone un estado de ángeles, sino que su establecimiento tendría que ser posible “incluso para un pueblo de demonios (siempre que tengan entendimiento)”. Así que, ante esta situación, no cabe otra cosa que pedirla, pero no como un deseo a los Reyes, sino reclamarla y exigirla incesantemente, reivindicando su valía frente a falsificaciones y falsificadores, proclamándola a voz en grito: “DE-MO-CRA-CIA”.

No es ahorrar, es robar

Cuando Saramago en El Evangelio según Jesucristo analiza la figura de José, el padre de Jesús, un personaje menor tanto en la historia como en el propio texto, me sorprendió desde el principio su enorme humanidad. Saramago presenta a José como un hombre atormentado, que no puede dormir, asaltado constantemente por pesadillas, un hombre que ha ejecutado su destino, que ha seguido los designios de Dios, pero que se siente responsable por omisión de la matanza de los inocentes, algo que, si lo hubiese sabido, lo habría podido evitar, pero que no supo ver. Y es después de su salvación y la de su familia, cuando se siente responsable de tanta muerte y de tanto sufrimiento, con un remordimiento que nadie puede aliviar ni perdonar. Y, sin embargo, José no ha hecho otra cosa que seguir el dictado divino de huir a Egipto, pero no avisó del peligro, no hizo correr la voz de alarma de lo que se avecinaba. Lo sorprendente es el enorme peso de la responsabilidad, de asumir sin excusas los propios errores que posee José, es decir, su enorme humanidad y moralidad, frente a la más absoluta indiferencia, falta de responsabilidad, de remordimientos, de humanidad, en definitiva, de  Dios.

José asume trágicamente que ha antepuesto el mandato religioso, un mandato interesado que le urgía a salvar a su  propia familia aun a riesgo de que pereciesen todos los demás, siendo niños e inocentes, frente al mandato moral de humanidad, de respeto a todos los seres humanos, y eso lo incapacitaba para seguir actuando como hombre en lo sucesivo. Sigue vivo, pero su historia ha llegado a su fin. Sobrevive, pero no puede seguir viviendo entre los hombres. Vive en su propio infierno y ha puesto fin a su vida humana. Parafraseando a Aristóteles, podríamos decir, que puede seguir viviendo como un dios o como una bestia, pero nunca ya más como un hombre.

El consejero de economía de Cataluña Andreu Mas-Colell ha anunciado los recortes que perpetrará en los próximos presupuestos de 2012 de los que destacamos dos: el copago sanitario (con el que pretende recaudar 100 millones) y otra nueva bajada salarial a sus funcionarios (con las que pretende recaudar entre 300 y 600 millones). Y esto sin contar el desaguisado de adelantar el descuento del IRPF sobre la extraordinaria de diciembre todavía no cobrada. También Portugal ha aplicado un recorte significativo a las dos pagas extra de los funcionarios ya desde este diciembre. También Rajoy ha expresado que la situación es difícil y ha anunciado más sacrificios.

El problema es sobre quiénes van a recaer los sacrificios. Porque la realidad y la sociedad española ya vive o no ha conocido otra cosa que sacrificios: Según la Agencia Tributaria, el 60% de los españoles percibe menos de 1000 € al mes (de los cuales la mitad cobra menos del salario mínimo). Y este porcentaje que en 2011 ha llegado al 60 viene creciendo desde que se inició la crisis, pero no bajó del 52 % ni en tiempos de bonanza. Y los pensionistas también lo saben de primera mano: Así, la pensión contributiva media (porque si incluimos las no contributivas, la cifra ya pasa de preocupante a escandalosa) es de 917, 53 € (en Cataluña, 837,57 y en Castilla y León 789, 01). Si tenemos en cuenta que el salario medio en España es de 22.511 €, y el número de personas que cobra menos de 1000 € al mes entre trabajadores, desempleados, pensionistas y quienes reciben una pensión no contributiva, podemos entender muy bien eso de que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas.

Pero, sobre todo, resulta insultante que a este tipo de medidas lo denominen ahorro. Porque no lo es. Ahorrar es reservar dinero cuando has satisfecho todas tus necesidades y cumplido tus obligaciones. Y este no es el caso. Aquí, se ahorra porque se le mete la mano en el bolsillo y se les quita de sus salarios a los funcionarios o de sus prestaciones sanitarias. Y menos aún lo pueden llamar sacrificio.

Porque  esta crisis, que se ha producido por la desigualdad, ha aumentado las diferencias entre los españoles (Ver) hasta llegar al extremo de convertirse en una verdadera fractura democrática y moral. Si no, resulta inconcebible que alguien exija el copago sanitario a la mayoría social de este país, o que no llegue a entender que un solo euro por receta es un descabale y una ruina para esa mayoría que llega con dificultad a mitad de mes. Si no lo ven o no saben verlo y, sobre todo, si no tienen remordimientos, quizás tampoco merezcan seguir como seres humanos en la vida política. Y menos presentarse como el prototipo de oferente, y por el bien de España nada menos. como el señor Zapatero que abandona la Moncloa con un salario de 150 mil euros (Ver) dejando a los inocentes a su suerte. Vaya desde aquí mi solidaridad con todos los inocentes y un deseo navideño o lo más parecido a un deseo navideño del que soy capaz: tal como están las cosas Si logramos que no nos azoten, como dice José María Izquierdo, ya es bastante.

Transparencia y navidad

Desde el viernes de la semana pasada luce en la Plaza Mayor de Salamanca un belén. Parece que sido la primera decisión personal del actual Alcalde de Salamanca o, por lo menos, la primera que nos hace saber que ha tenido esa naturaleza. Con lo acostumbrados que estábamos antes a este tipo de decisiones personalísimas y lo que las sufríamos de su predecesor en el cargo y ahora flamante jubilado, perdón, senador. Según ha declarado: ha decidido sustituir el árbol que adornaba en otras ocasiones la Plaza, porque él es más de belén, que es más nuestro y más tradicional.

Así que, ahora tenemos un belén transparente y luminoso en la Plaza Mayor. Todo un símbolo que merece alguna reflexión no navideña, sino intemporal o intempestiva, que diría Nietzsche.

Primero, la transparencia. Este año 2011 no habrá informe anual sobre el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA, en lo sucesivo), porque la celebración tan próxima de dos convocatorias electorales no lo recomendaba, así que sólo disponemos de los datos de 2010. En ese año, el Ayuntamiento de Salamanca obtuvo una puntuación total de 28,8 sobre 100, lo que la situaba en el penúltimo lugar de entre los 110 grandes municipios sobre los que se hizo el informe (Ver). Las puntuaciones eran bajas y no se lograba el aprobado en ninguna de las cinco áreas generales de transparencia que evalúa el ITA (Ver), a saber: Información general sobre la corporación municipal, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económica y financiera, transparencia en las contrataciones y servicios y, por último, transparencia en materias de urbanismo y obras públicas.

Naturalmente, en cualquier democracia esto tendría que haber sido motivo de escándalo público, de una sucesión ininterrumpida de explicaciones por parte de los responsables hasta conseguir aplacar a la opinión pública y, una vez conseguido esto, la declaración y compromiso explícito de propósito de la enmienda. Pero nada de esto ha sucedido en Salamanca.

Bien es cierto, que Transparency International España (TI) aclaraba, al explicar la metodología utilizada, que entre los 4 de los 110 Ayuntamientos que no devolvieron un cuestionario  valorando los 80 indicadores de transparencia estaba Salamanca y que, por tanto, los datos de estos municipios eran sólo fruto de una evaluación externa, que no habían querido corregir o no se habían molestado en rectificar. Y esto es lo que han dicho siempre los responsables municipales, que el informe no es válido, que los datos no son fiables, porque no colaboraron en la elaboración del cuestionario y que, por tanto, no es verdad que Salamanca esté tan mal en cuanto transparencia se refiere.

Claro, que lo que los responsables municipales no han explicado nunca es por qué no colaboraron (porque no oculta nada quien no tiene necesidad de ocultar), ni tampoco por qué no consideraron ni consideran a día de hoy la transparencia y el ITA como un objetivo prioritario e inexcusable de cualquier administración democrática. O a lo mejor ya sí, y en el ITA del 2012 están dispuestos a colaborar para que sepamos definitivamente el lugar que nos corresponde, y a lo mejor el belén transparente no es solo un símbolo, sino una verdadera declaración de intenciones.

Segundo, el belén. También el presidente de la Diputación de Salamanca se ha declarado partidario de los belenes y ha ido más allá al manifestar que esa expresión de la navidad, tan tradicional y tan nuestra, debemos no limitarla solo a la esfera privada sino extenderla a los espacios públicos. Por eso, ha recuperado el belén tradicional también en la Diputación.

Pero el belén no es simplemente una tradición es una tradición religiosa, de ahí, lo de nuestra, que no quiere decir salmantina ni castellano y leonesa ni española ni occidental, sino cristiana y católica, que no es lo mismo que universal. Así que, esa reivindicación de una tradición tan nuestra es una reivindicación frente a otras tradiciones y frente a otros que nos son de los nuestros, o de los suyos. Por eso, decía el otro día que, aun aceptando la interpretación weberiana del desencantamiento de la sociedad occidental, es necesario reivindicar una resacralización de las tradiciones religiosas para devolverles su carácter puramente religioso. De esta forma, revestidas de su carácter religioso, poniéndolas en valor como tales, que se dice ahora, se hará también transparente la voluntad totalitaria de dominio simbólico de lo religioso sobre lo cívico. Porque no se trata de una mera tradición nuestra, sino de una religión suya que quieren imponer a todos.